Alfonso Rodríguez: «Es complicado pedir más dinero y bajar impuestos a los que más tienen»

Usted es delegado de un Gobierno que hace poco parecía imposible.
—Bueno, lo posible en política viene del juicio de la ciudadanía, que juzgó en julio y eligió una mayoría que ha hecho posible un nuevo Gobierno progresista.

En buena parte de las comunidades, también en Baleares, gobierna el PP ¿Cómo se gestiona eso?
—Desde la lealtad institucional. Hay que tener claro que yo soy el representante del Gobierno de España en Balears. Mi tarea es defender la acción del Gobierno, enfocada a mejorar la calidad de vida y los derechos de la ciudadanía en las Islas. Eso pasa, naturalmente, por la lealtad y colaboración entre instituciones: Govern, consells y ayuntamientos. Somos el Gobierno del diálogo y tenemos que evitar cualquier riesgo de involución.

Habla de lealtad pero no hace tanto ha habido ante la Delegación del Gobierno manifestaciones en contra de la amnistía en las que ha participado la presidenta balear.
—Es lícito que cualquier persona exprese su manera de ver la propuesta de amnistía. Será una ley votada por una mayoría amplia de partidos y que luego será refrendada o no por el Tribunal Constitucional. No es un pacto de dos partidos, es un acuerdo ratificado por el Parlamento y que apuesta por olvidar para superar una serie de tensiones y afrontar un futuro de convivencia. Es decirles a aquellos que decidieron vivir fuera de España que es mejor caminar juntos.

No sé si ha tenido ocasión ya de hablar con la presidenta del Govern.
—Sí, el otro día en la toma de posesión del Consell Consultiu, además ya nos habíamos enviado algunos mensajes y hemos quedado en mantener una reunión, después de mi toma de posesión pública, cuando pasen la fiestas. Necesitamos colaborar y buscar acuerdos. Hay que desarrollar todo eso que el Gobierno de España ha ido sembrando en anteriores legislaturas.

El Govern tiene una ‘agenda balear' expuesta en una serie de cartas al Gobierno y que se sustancian, básicamente, con más financiación.
—¿Sabe lo que pasa? Que es complicado pedir al Gobierno de España más financiación para mantener servicios necesarios y fundamentales cuando, por otro lado, se están recortando los impuestos a quienes más tienen y eso supone renunciar a ingresos autonómicos. Hay que ser claros: Balears tiene unos ingresos estatales que además van a crecer por encima de lo que esperaba el propio Govern. El Gobierno apuesta por la financiación de las comunidades y también por la de Balears, pero lo que no tiene excesivo sentido es ir a pedir más financiación cuando has decidido recortar ingresos.

Hay asuntos que se arrastran desde hace tiempo, como el complemento por gastos de insularidad para el personal de la Administración central destinado a Baleares.
—Se ha trabajado y hay que seguir trabajando en esa idea. Es cierto que aquí el coste de la vida es mayor que en otros destinos. Pero hay más, hay que incidir en lo que de verdad puede desincentivar, que es el alto coste de la vivienda.

La de vivienda es una competencia transferida y gobiernos como el de Baleares cuestionan la ley estatal.
—Esa ley estatal puede ayudar a regular un mercado muy tensionado y poner poner límite al precio de alquiler. El Gobierno estatal tiene mucho que decir, también en financiación, a través de fondos europeos y de cesión de espacios o de suelos. La política de vivienda es una cuestión de Estado, compete a todas las administraciones. Yo vengo de Calvià el único municipio que decidió aportar recursos propios para construir cien viviendas. La vivienda es uno de los problemas más grandes que tiene la ciudadanía. Pongámonos de acuerdo todas las administraciones.

¿Baleares tiene que ser considerada primera frontera europea en la llegada de inmigrantes? ¿Preocupa la llegada de pateras?
—Este año se ha reducido la llegada de inmigrantes, 900 menos que el pasado. Pero más allá del número, lo importante es que lo primero que tenemos que hacer es salvar vidas, y ahí está Guardia Civil y Salvamento Marítimo; después, atención urgente, y ahí están Cruz Roja y las entidades del tercer sector. Y después viene Policía Nacional y Extranjería, para la aplicación de la legalidad. Pero ya digo, la prioridad es salvar vidas.

¿Baleares recibe el trato que se merece por su condición insular?
—Ha ido mejorando año a año y es justo reconocer el esfuerzo del Gobierno de España. Es cierto que Baleares genera riqueza y su actividad económica redunda en los ingresos del Estado. Pero si aplicamos un criterio de redistribución, también tenemos que aportar.

¿Y el PSIB está bien representado?
—Nuestra secretaria general, Francina Armengol, es presidenta del Congreso y tenemos tres áreas muy trascendentales: turismo, igualdad y educación. El PSIB tiene muy buena representación, no sólo por la presencia institucional sino por la fuerza de sus ideas.

¿Dejará la portavocía del PSIB?
—En una próxima ejecutiva. Pero no es cuestión de llevar un gorro u otro. Desde mi puesto defenderé las políticas del Gobierno, un Gobierno con presidente socialista.

¿Armengol puede volver?
—No se ha ido. El futuro se escribirá pero su liderazgo es incuestionable y estará en el sitio que quiera y donde sea más útil.

¿También en Baleares?
—Sí, sí, claro, por qué no.