Nadiya Popel trabaja en urgencias en el Hospital Mateu Orfila. Ha sido sancionada. | ARCHIVO

TW
28

Un juzgado de instrucción ha citado a declarar como imputada por un delito contra la salud pública a la doctora negacionista Nadiya Popel. La médico fue denunciada por el Col·legi de Metges de Balears por administrar productos tóxicos supuestamente milagrosos a pacientes con graves cuadros oncológicos, fundamentalmente dióxido de cloro.

De acuerdo con la denuncia, la doctora «se aprovecha de su condición de médico y de la situación de vulnerabilidad y desesperación de los pacientes frente a la enfermedad que vienen sufriendo y ello para convencerlos de que con los tratamientos de dióxido de cloro prodrán mejorar el cáncer que padecen». El documento, suscrito por la abogada Mariam Fuster, está acompañado por una serie de fotografías y vídeos subidos por la propia Popel a distintos canales de Telegram.

En uno de los vídeos, la imputada trata con dióxido de cloro a una paciente con un grave cáncer de mama en su consulta privada. Lo hace, además de con un producto «totalmente prohibido» sin ninguna medida de asepsia. Ni siquiera guantes. El Colegio señala que este tipo de patología tiene una supervivencia del 85 por ciento y que la práctica que llevó a cabo la denunciada suponía un riesgo para la vida de la paciente.

Otro de los tratamientos documentados por vídeo muestra el mismo procedimiento con un paciente con un cáncer de piel en un estado ya terminal. En otro vídeo elabora un supuesto remedio de oro blanco. En otro, promociona una máquina para quitar los supuestos chips que los negacionistas afirman que llevan las vacunas contra la COVID. El Colegio también documenta como a través de la plataforma Movimiento Asistencia Integral vende este tipo de remedios, «si bien quien elabora el producto y realiza los tratamientos es la propia doctora Popel a sabiendas de su no autorización legal, de la inocuidad de su tratamiento y el peligro que supone para los pacientes».

El dióxido de cloro ha sido una sustancia promocionada en determinados círculos durante la pandemia como solución para todos los males. La denuncia pone de manifiesto: «El hecho de que le atribuyan propiedades terapéuticas y preventivas para enfermedades de gravedad y causas diversas, desde el resfriado hasta el cáncer, es una evidencia clara de la falta de fundamentación científica». De hecho, en determinadas dosis es letal y en otras menores puede producir vómitos, lesiones y secuelas clínicas a largo plazo.

El Col·legi de Metges presentó la denuncia incialmente ante los juzgados de instrucción de Palma. Sin embargo, el juzgado al que le correspondió por reparto se inhibió y la causa fue enviada a Maó. Allí han sido incoadas diligencias previas y, en el seno de las mismas, el magistrado ha citado a Popel para declarar el próximo ocho de febrero.

En paralelo a la denuncia, tanto el IB-Salut como el Colegio han iniciado procedimientos sancionadores para Popel, que ejerce como doctora de urgencias en Maó. Estos procedimientos han sido recurridos por la ahora imputada y supondrían apartarla de la profesión médica y de su puesto de trabajo. Otro médico de Eivissa fue sancionado también por sus posiciones.