Joan Calafat, director general de Recursos Hídrics

Calafat, en la sede de la Conselleria del Mar i del Cicle de l’Aigua, antes de la entrevista. | M. À. Cañellas - miquel angel canellas

Joan J. SerraPalma15/01/24 0:30
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Joan Calafat (Palma, 1968) es el director general de Recursos Hídrics en una época en la que, en un escenario de cambio climático, la disponibilidad de agua es una incógnita en una comunidad que crece en población y número de turistas.

Estos últimos días ha llovido. A la espera de lo que llueva en lo queda de invierno y en primavera, ¿cuál es la situación actual?
—Arrastramos una pluviometría muy baja. El pasado otoño ha sido muy seco. Nuestras reservas hídricas están aproximadamente al 50 % y la situación general es de prealerta por sequía. Preocupa Eivissa, que lleva más de dos años sin una situación de normalidad y puede tener problemas de suministro en verano si no llueve en los próximos meses. La capacidad de desalación es insuficiente y los acuíferos están sobreexplotados. Habrá que ampliar la desaladora de Santa Eulària y pensar en una cuarta instalación en la Isla para 2030, además de las de Vila, Sant Antoni y la propia Santa Eulària. También habrá que instalar una nueva interconexión, pero nada de eso estará disponible el próximo verano. Si Eivissa entra en situación de alerta, habrá que tomar decisiones que incluyan las limitaciones de usos.

¿Cuáles son los objetivos para paliar y mejorar esta situación en Balears en general?
—Tenemos previsto un plan de inversiones por 700 millones de euros en esta legislatura. Los objetivos generales son mejorar la eficiencia, garantizar el suministro, mejorar la red de depuración, una mayor reutilización, gestionar mejor el dominio público de los torrentes y recuperar los acuíferos.

¿Qué papel jugará la red en alta del Govern: sa Costera, sa Marineta, s'Estremera y las desaladoras de Palma, Alcúdia y Andratx?
—El agua desalada se está vendiendo a los ayuntamientos a mitad de precio de lo que cuesta. Haremos en cada isla una diagnosis y una definición de qué queremos hacer y a dónde queremos llegar, consensuando un modelo hídrico con cada consell y los ayuntamientos. En Eivissa ya tenemos un precio único del agua desalada. En Mallorca haremos lo mismo con el agua de la red en alta, que será de alrededor de 1,25 euros por metro cúbico. Creo que en un año podremos implantar ese precio único. A ningún alcalde le gusta subir las tarifas por recurrir a agua desalada, pero el precio del recurso tiene que pagarse según lo que cuesta y, nos guste o no, tiene que ser asumido por los usuarios. Alcúdia tiene desaladora, pero no consume ni un metro cúbico. El agua desalada se va a Pollença y a Platges de Muro.

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¿Cómo está la ampliación de la red en alta hasta Manacor y su posterior prolongación?
—Para prolongar la red a Manacor ya hay financiación comprometida y el proyecto se licitará este mismo año. El agua de la red en alta podría llegar a Manacor a finales de 2025 o principios de 2026. Posteriormente, se prolongará hacia Sant Llorenç y el Migjorn, en los dos sentidos.

Más población, más turistas... ¿No debe ser ése el debate?
—Sólo en 2023 se han autorizado más de 2.000 pozos en suelo rústico. Calculamos que el 25-30 % del consumo total de agua en Baleares corresponde a viviendas diseminadas en suelo rústico. Y tenemos 5.000 expedientes sin resolver, algunos de ellos paralizados durante años. Sin embargo, el problema va mucho más allá. Con límites de extracción de 400 metros cúbicos al año, los usuarios hacen lo que quieren. Es obligado enviar la información anual del contador del pozo, pero, en general, no se hace. Y el 40 % no pide, tras la perforación del pozo, la autorización para su puesta en servicio. Como siempre, es más fácil poner las normas que aplicar el seguimiento. Podemos hablar de agua, pero creo que antes hay que debatir sobre saturación, carreteras, calidad de vida o capacidad del medio ambiente para absorber nuestra actividad. A partir de aquí, si decidimos tener más gente, habrá que poner más recursos. Otra lectura es: si no tenemos recursos, no puede venir más gente.

Hablamos de cantidad, pero también está la calidad.
—No sólo en el suministro procedente de acuíferos salinizados o con nitratos. Hablamos de reutilización del agua depurada, pero resulta que en un 50 % el caudal llega a las estaciones de tratamiento en unas condiciones que no permiten su aprovechamiento. Tenemos un problema con el agua salada que llega a las depuradoras por descalcificadoras, evacuaciones de piscinas salinas o procesos de ósmosis inversa. Ello genera un agua residual salada que llega a las depuradoras. Todo ese caudal no puede ser reutilizado. Los ayuntamientos deben controlar estos vertidos de agua salada.

Otra asignatura pendiente son las pérdidas de las redes municipales de abastecimiento.
—Es el gran reto. La media de pérdidas en Balears está en el 26,7 %, unos 30 hectómetros cúbicos, tres veces la capacidad de los embalses del Gorg Blau y Cúber. El objetivo del Pla Hidrològic es reducir las pérdidas al 17 % en 2027. Tenemos problemas con redes antiguas en las que no se ha invertido, siendo unas obras caras, molestas e inviables para muchos municipios. En esta legislatura habrá 100 millones de euros en ayudas a los ayuntamientos en este ámbito, canalizadas a través de los consells. Estos 100 millones no serán definitivos. Habrá que invertir constantemente en este ámbito, pero me preocupa la falta de medios humanos y técnicos de muchos ayuntamientos para gestionar y ejecutar estas obras.