Un centenar largo de taxistas en las puertas del Parlament cuando empezaba a debatirse la iniciativa del PSIB para regular el sector del taxi. | Jaume Morey

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El sector del taxi denuncia que las administraciones públicas están haciendo la vista gorda a las infracciones de Uber desde que la empresa iniciara su actividad en Mallorca el pasado año. Una pasividad que, alegan, se evidencian con el informe sobre irregularidades elaborado por un despacho de detectives que los taxistas entregaron al Govern el pasado septiembre y del que no vuelto a saber nada.

Dicho informe, realizado por encargo de la Agrupación Empresarial de Taxis de Balears, se puso en manos de la Direcció General de Mobilitat de la Conselleria d'Habitatge. Este organismo instó a la agrupación que preside Antoni Bauzà a presentar la documentación al Ajuntament de Palma y a la Comandancia de la Guardia Civil, alegando falta de competencias para llevar a cabo cualquier tipo de actuación punitiva. A día de hoy sigue sin haber respuesta por parte de ninguna administración.

«Se están pasando la pelota de unos a otros y nos está empezando a preocupar la enorme lentitud en mover ficha y tomar cartas en el asunto», se queja Bauzà. Su agrupación, integrada en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) no es la única que está presionando para que se tomen medidas contra Uber: también la Asociación Sindical de Autónomos del Taxi de Mallorca (adscrita a PIMEM) que preside Biel Moragues y la Asociación de Taxis de la Part Forana, presidida por Mar Carmen Navarro.

El sector del taxi en bloque reclama que se ponga vetos a irregularidades repetidamente denunciadas, como la vulneración de la norma de reserva del servicio con media hora de antelación.

Es más, Bauzà se queja que desde que presentaron el informe se ha producido lo que ellos perciben como un efecto rebote contra los propios taxistas. «Desde entonces han empezado a pararnos más a nosotros: no puede ser que se pasen la pelota unos a otros con Uber y cada vez que presentamos una denuncia los investigados seamos nosotros».

Así, Bauzà denuncia una campaña de «acoso» de la Policía Local de Palma traducida en la multiplicación de controles sobre los taxistas de Ciutat, la cual tuvo su máximo apogeo, explica, en las pasadas Navidades.

Asimismo, objeta igualmente que en el dossier presentado a la Conselleria había ejemplos de casos de conductores operando sin autorización, una irregularidad que «es competencia suya tanto si les gusta como si no».

Por otra parte, el sector del taxi ha vuelto a cargar recientemente contra los hoteleros. Concretamente contra la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), quien reclama mayores facilidades para la actividad de Uber y plataformas similares en la Isla para cubrir el aumento de la demanda durante la temporada alta. Entre otras cosas, piden la supresión de la media hora de contratación previa.