En concreto, Del Valle ha hecho referencia a la «preocupación» del Govern por el efecto que pueda tener la sentencia del Tribunal Supremo que «no sólo tumba la limitación de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, sino que deja la puerta abierta a que aquellas solicitudes de autorizaciones hechas antes de septiembre de 2018 puedan realizar un 20 por ciento de sus servicios en otras comunidades autónomas».
Según ha explicado, en la sentencia el alto tribunal estima un recurso contra la denegación de 1.000 licencias VTC que adoptó la Comunidad de Madrid aplicando la limitación estatal 1/30. La resolución va en línea con la sentencia anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que también cuestiona la limitación de la ratio 1/30 fijada en España en la normativa estatal aprobada en 2018.
Así, el TJUE considera esta limitación contraria a la libertad de establecimiento del Tratado de la UE salvo que se haya acreditado que es una medida idónea y proporcionada en relación con criterios medioambientales, de buena gestión del transporte y del tráfico, del espacio público y de protección del medio ambiente.
Igualmente, la sentencia 41/2024 del Supremo aclara que anular la denegación no supone conceder las 1.000 licencias, sino que ordena que las solicitudes tengan que ser tramitadas nuevamente y que la administración tenga que resolver, en base a la normativa aplicable en el momento en que se hizo la solicitud, sin poder aplicar la limitación 1/30. Del Valle ha detallado que se trata de autorizaciones solicitadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto estatal del año 2018, la llamada Ley Ábalos, cuando las solicitudes de VTC eran nacionales, y no se limitaba el inicio del recorrido en la comunidad autónoma donde estaban domiciliadas.
De este modo, tras la sentencia, existe la posibilidad de que las solicitudes de autorizaciones de VTC que se encuentran en vía judicial en España puedan realizar un 20 por ciento de sus servicios en otras comunidades autónomas, entre ellas Baleares, tanto en trayectos urbanos como interurbanos. A pesar de se trata de una sentencia relativa a otra comunidad, desde el Ejecutivo balear han insistido en que la resolución del Supremo puede tener efectos en el conjunto de España y, especialmente, en el caso de un territorio limitado como las Islas y durante la temporada alta, «por el impacto de la llegada de VTC en la frecuente congestión del tráfico durante el verano», han apuntado.
Por otra parte, la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, elevará la cuestión al ministro del ramo, Óscar Puente, a pesar de que, según han asegurado, por ahora no han recibido respuesta a las peticiones de reunión desde finales de noviembre. Asimismo, Vidal ha ratificado el compromiso del Govern con la movilidad sostenible ante los posibles efectos derivados de la sentencia sobre la gestión adecuada del transporte y el tráfico, la ocupación del espacio público y el medio ambiente.
En este sentido, ha insistido en que el Ejecutivo balear tomará «todas las medidas posibles» dentro de sus competencias para regular de forma «equilibrada» el servicio del taxi y los VTC, así como para evitar «un alud de autorizaciones de VTC no asumible en el territorio insular». Sin embargo, han reclamado que, en el actual escenario, es necesaria la acción del Gobierno central para adoptar una regulación en este caso, dado que se trata de solicitudes judicializadas antes de la entrada en vigor de la ley estatal de 2018.
Medidas VTC y taxi en Baleares
Según la Conselleria, el análisis de la resolución del Supremo «reafirma» la línea de trabajo de Movilidad del Govern en el sentido de elaborar una normativa adaptada a las diversas sentencias judiciales y regular las autorizaciones de VTC estableciendo criterios objetivos, medioambientales, de gestión del transporte y del tráfico, entre otros.
En este sentido, ha recordado que una vez iniciada la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de modificación de la Ley 4/2014 de transportes terrestres y movilidad sostenible, se han presentado enmiendas «alineadas» con las propuestas del Govern los últimos meses.
Estas, ha explicado, tienen como objetivo mejorar el servicio de taxi y su competitividad, garantizando el servicio en todas las zonas y en todas las franjas horarias y regular las autorizaciones de los VTC, desde el respecto a la libertad de empresa.
Tal como ha manifestado el Govern en otras ocasiones, es «necesaria» una normativa «sólida» para regular las autorizaciones de este tipo de vehículos y para evitar la concesión de la «avalancha» de nuevas licencias de VTC solicitadas, en referencia a las más de 10.000 que se han recibido en Baleares durante el 2023 ante posibles cambios legislativos derivados de varias sentencias. Entre otras medidas, se ha propuesto la suspensión temporal de concesión de nuevas licencias de taxi y de VTC en Baleares hasta que no se apruebe un decreto que establezca los criterios para su concesión.
1 comentario
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Aqui de q sirve el Govern Balear? Si todo depende de Madrid q dimitan tod@s.