David Gil de Paz, conseller electo y portavoz adjunto de Vox en el Consell. | R.L.

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La asociación Memòria de Mallorca denunciará ante la Fiscalía y ante el Ministerio de Presidencia al conseller electo de Vox, David Gil, por referirse en el pleno de Consell al golpe de Estado de 1936 como «la última cruzada de liberación». Así lo ha confirmado Maria Antònia Oliver, presidenta de la entidad memorialista.

Memòria de Mallorca y Podemos pusieron el viernes los hechos en conocimiento de la Conselleria de Presidència al entender que vulneran la ley autonómica de Memoria Democrática, pero hasta el momento el Govern no ha abierto el correspondiente expediente sancionador. Gil se expone a una multa de entre 2.000 y 10.000 euros por un presunto delito de odio y apología del franquismo.

Este martes 13 de febrero el PSOE también registró una denuncia en el Govern por los mismos hechos. En el momento en el que Gil hizo las declaraciones, el pasado jueves en la sesión plenaria, el presidente del Consell, Llorenç Galmés (PP), ni siquiera amonestó a su socio de gobierno. Ahora Gil tendrá que rendir cuentas, no solo ante el Govern, sino también ante el Ministerio de Presidencia y la Fiscalía de Memoria Democrática.

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El conseller electo y portavoz adjunto de Vox en el Consell, no solo no ha rectificado sus afirmaciones sino que se reafirma y acusa a Podemos y Més per Mallorca de insultarle en redes sociales por llamarle «falangista». «No soy un fascista, solo un buen católico», argumenta Gil. «La terminología ‘Cruzada de liberación' la empleó la propia iglesia católica cuando se asesinaba a sus sacerdotes y monjas», añade.

«Esta ‘cruzada de liberación' (como la llama él) en Mallorca ocasionó más de 2.000 víctimas asesinadas. David Gil representa a una institución mallorquina y si tenemos que hablar de capellanes debería saber que en Mallorca el único capellán que fue asesinado fue precisamente el que asesinaron estos ‘cruzados liberadores'», dice la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver.

Los servicios jurídicos de Podemos estudian también denunciar los hechos ante la Fiscalía y el Ministerio de Presidencia.