Una actuación de la Guardia Civil en el Puerto durante la pandemia detectó camiones con los residuos en condiciones precarias. | A. SEPULVEDA

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El director general en España de una multinacional sanitaria, su director de operaciones y el responsable operacional en Balears, se sentarán en el banquillo de los acusados la próxima semana. La Fiscalía reclama para cada uno de ellos una condena entre dos años y medio y dos años de cárcel por un delito de vertidos por una serie de infracciones derivadas de la gestión de residuos peligrosos durante la pandemia.

La principal acusación se basa en una mala gestión de toneladas de desechos sanitarios durante la fase más severa de la pandemia. El detonante del caso fue la interceptación por parte de la Guardia Civil de un camión con 5.000 kilos de residuos sanitarios de materia infecciosa, la mayor parte de ellos de COVID en el puerto de Palma. Provenían de Son Espases y varias clínicas privadas de Palma y, según la acusación Pública, se llevaban en condiciones inadecuadas, en vehículos que no estaban refrigerados y de manera que suponían un peligro para la salud de los operarios y del medio ambiente.

Tras la inspección de los contenedores de este vehículo, se revisaron las instalaciones de la empresa. La acusación pública describe que se detectaron cajas con residuos COVID sin refrigerar, averías en el sistema de esterilización y cubos con residuos que no habían sido tratados y que eran los que se enviaban a la Península. Además se describen cajas perforadas, bolsas sin cerrar y otras irregularidades que chocan con la normativa de gestión de residuos y en especial con algunos potencialmente peligrosos.

Para la Fiscalía, esos hechos suponían un «riesgo grave de contaminación, tanto para la salud de los operarios y de la población cercana», dado el estado de pandemia. A partir de esas inspecciones, la administración dictó una resolución de medidas provisionales y el cierre temporal de la instalación. Sin embargo, en mayo fue interceptado otro camión en situación deficiente.

Para el Ministerio Público, la situación era conocida por los principales responsables de la empresa porque el director en las Islas habría trasmitido la gravedad de la situación, «sin que por parte de los acusados se adoptase ninguna medida para paliar el riesgo existente en el traslado y manipulación de dichos residuos».

El juicio está señalado en un juzgado de lo Penal de Palma para la próxima semana. Además de las penas de prisión, la Fiscalía de Medio Ambiente reclama que los acusados sean inhabilitados.

El apunte

Los cuatro acusados defenderán su inocencia

Los cuatro acusados defenderán en el juicio su actuación y justificarán que el estallido de la pandemia creó también un incremento desorbitado de los residuos sanitarios que había que tratar y que, en ese momento no había capacidad operativa para hacerlo de otra manera. También negarán que su actuación supusiera un riesgo sanitario cierto para la población ni para sus trabajadores, a la luz de lo que hoy se ha comprobado sobre la trasmisión de la COVID. En mayo de 2020 se mantenía que las superficies podían ser una de las principales vías de propagación del virus, algo luego descartado.