Palazuelo, a la izquierda, se sentó durante buena parte del juicio junto a su abogado. La magistrada le ha permitido ser el último en declarar. | R.L.

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«Fernando nunca ha sido de llevar papeles». El consuegro del duque de Alba, Fernando Palazuelo, se sentó este miércoles en un banquillo de los acusados en Palma para responder por un delito fiscal por el que la Fiscalía le reclama una condena de seis años de prisión. El acusado no declaró ayer y lo hará en la última jornada del juicio, al finalizar la prueba. Los testigos, entre ellos el arquitecto que llevaba todas las rehabilitaciones que hizo en Palma, defienden que no tocaba un papel de la empresa. «Que yo sepa, Fernando no sabe cómo usar un ordenador», dijo su exmujer para defenderlo.

El empresario responde por dejar de pagar 1,6 millones de euros al fisco por la operación en la que cambió con el Ajuntament de Palma la propiedad de las Tores del Temple por una finca en la calle Aragón que luego vendió parcelada y en la que ahora hay un supermercado. El suegro de Fernando Fitz-James Stuart se defiende de la acusación. Todos los interrogatorios de su defensa han ido dirigidos a apartarle de la gestión del día a día de la entidad Casas Góticas S.L. y su matriz, Arte Exprés. Su expareja, que también figuraba como administradora, sin embargo, señaló que era quien controlaba todos los movimientos de las firmas. Uno de sus principales empleados, el arquitecto que se encargaba de los proyectos incidió en era quien elegía los edificios, planeaba cada una de las operaciones y luego se dedicaba a su comercialización.

La operación que cuestionan la Fiscalía y la Abogacía del Estado se remonta al año 2007. La defensa de Palazuelo plantea en sus preguntas que, en ese momento, el empresario se encontraba ya dedicado a comprar y vender edificios en Perú.

Palazuelo había comprado las Torres del Temple a principios de siglo por 781.315,74 euros. Pretendía dedicar el inmueble a la construcción de viviendas de lujo. Sin embargo, aquella operación generó una reacción en contra y el Ajuntament ofreció como salida la permuta de los inmuebles. «Casi nos forzaron a ello», dijo el arquitecto. El terreno que obtuvieron a cambio fue vendido por más de tres millones.

Junta a esta venta, las acusaciones incluyen otras facturas y parte de la contabilidad de las empresas dentro de la defraudación. Las dos empresas quebraron y, durante el concurso de acreedores se declaró la responsabilidad personal de Palazuelo como administrador por su mala gestión de las empresas.

La magistrada que preside el caso ha accedido a que el acusado declare una vez se haya practicado toda la prueba un trámite que previsiblemente se lleve a cabo en la jornada de hoy, en la qu se prevé que finalicen las sesiones. Palazuelo fue juzgado en el año 2017 en Palma por de estafa, acusado por dos de sus antiguos socios. Fue absuelto.