El GOB no descarta recurrir a la UE para garantizar las funciones de la Comisión de Medio Ambiente

De esta manera, han advertido al Ejecutivo balear de que su organización «no se quedará de brazos cruzados» ante lo que consideran una «pérdida de derechos, transparencia y espacios de participación pública», tras las últimas medidas tomadas en materia urbanística, el anuncio de un futuro de decreto para la simplificación administrativa o las declaraciones del presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba), Luis Martín, que en un acto del PP del pasado sábado dijo que «había que quemar» la Comisión de Medio Ambiente.

Desde el GOB han considerado que estas declaraciones ponen en «el punto de mira» del nuevo Ejecutivo a esta Comisión, al que acusan de estar «asesorado por promotores inmobiliarios», porque «traslada el mensaje de que este órgano atasca, es un estorbo y funciona ideológicamente al excederse en sus funciones». Por estos motivos, han criticado que el Govern «ignora» y «niega» una «crisis climática y ecológica sin precedentes a escala local y global».

En este sentido, han recordado la diferente normativa europea y estatal existente que establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medioambiente y que la Comisión de Medio Ambiente de Baleares es la entidad encargada de esta tarea en el archipiélago. «Es un órgano de vital importancia en Baleares que supone la garantía mínima que puede exigirse en un contexto como el actual y que ha supuesto un largo camino hasta la implementación efectiva del ejercicio de sus competencias en materia de evaluación ambiental determinado por el marco obligatorio europeo», han defendido desde el GOB.

Juez y parte

Al mismo tiempo, Ramis ha hecho mención a otro de los proyectos que ha atribuido a la presidenta del Govern, como es la incorporación, con voz y voto, de representantes empresariales a la propia Comisión de Medio Ambiente o el Consejo Balear del Agua. Los ecologistas han alegado que estos órganos intentan tener una «representatividad amplia» de expertos sobre las temáticas que abordan y esto incluye a técnicos de la propia administración, entidades, colegios profesionales y determinadas asociaciones empresariales.

La dirigente del GOB han recalcado que la iniciativa privada, con sus intereses concretos y particulares, no puede «ser juez y parte» porque se «desvirtúa totalmente el objetivo a los que responden estos organismos». Sobre el posible decreto de simplificación administrativa, Ramis ha apuntado que esto «siempre» implica una «pérdida de garantías ambientales y de procesos de participación ciudadana», algo que han calificado de «fundamental» cuando se habla de cuestiones territoriales y urbanísticas.

Por su parte, Mas ha hecho balance de la medida de externalización de las licencias urbanísticas adelantada por Prohens la semana pasada, por lo que ha aseverado que esto no conllevará una reducción de la burocracia, sino que habrá una «privatización de la burocracia». «Todos los principios sobre los que se fundamentan las leyes, como los de neutralidad, objetividad y el interés de la ciudadanía, se pueden ir al garete por intereses privados, porque cuando se externaliza, se hace en base al argumento de que será más eficiente pero esto son valores vacíos y relativos, ya que se tienen que considerar otras cosas para saber de qué libertad y eficiencia se habla», ha indicado.

Igualmente, Jhardi ha reprochado la «pérdida de calidad democrática» que supone este «ejercicio de liberalización y desregulación» del Govern, por lo que le han reiterado la asunción de los acuerdos que se adoptaron en la primera Asamblea Ciudadana del Clima de Baleares y el compromiso para el desarrollo de la ley 10/2023, para el Bienestar de las Generaciones Futuras. «Esto pasa por poner freno de manera urgente a este modelo basado única y exclusivamente en la construcción y el turismo, en unas islas que están al límite en estos momentos», ha reivindicado.

En cuanto a la aplicación de esta ley, Ramis ha concretado que ya tuvieron una reunión con la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, que les dijo que «no tenían intención de derogarla» y que «estaban de acuerdo con el fondo». Sin embargo, sí que ha mencionado que en el encuentro con la representante del Govern les transmitió que no querían que esta ley fuera «un freno» para la simplificación administrativa, por lo que esperan que esto no suponga que van a «descafeinar» los objetivos de la ley. A la pregunta de si ven posible iniciar un ciclo de movilizaciones por estas cuestiones, Cuennet ha argumentado que perciben cierta «paralización de los movimientos sociales», si bien el GOB tiene la «intención de recuperar estas movilizaciones», ya que, a su parecer, la sociedad mallorquina «tiene ganas de salir a la calle».