La sindicalista Trinidad Avilés, este martes en su casa de la Platja de Palma. | Teresa Ayuga

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Trinidad Avilés, una histórica de UGT de la Platja de Palma, ha interpuesto una demanda en un juzgado de lo Social contra el sindicato por hacerle contratos fraudulentos durante años. Según consta en el escrito presentado por el abogado José Manuel Raya, una parte del sueldo de la activista no cotizaba a la seguridad social y la otra era abonada por una empresa de alimentación que no tenía ninguna relación laboral con ella.

La demandante prestó servicios «mediante una relación laboral indefinida» para la Unión General de Trabajadores de forma ininterrumpida y en exclusiva desde el año 2005 hasta el pasado viernes 2 de febrero, cuando fue despedida. «Trinidad pedía que se regularizara su situación y se encontró con que la despedían», explicó ayer a Ultima Hora el letrado. Su categoría era de responsable de Zona, con un sueldo bruto mensual de 1.909 euros (incluidas las pagas extras).

En la demanda se especifica que «mi relación laboral real nada tiene que ver con la formalidad contractual absolutamente fraudulenta e ilegal que se ha ido articulando durante este tiempo». Los trabajos de Trinidad consistían en labores administrativas, atención a afiliados o trabajadores, captación de nuevos afiliados o asesoramiento básico. Ahora, ha descubierto que en su ‘vida laboral' estaba dada de alta en empresas con las que jamás había mantenido relación alguna.

«Las altas y contratos con empresas externas al sindicato eran gestionadas por el propio sindicato, sin mi intervención y con el único objeto de mantener una cobertura formal y de alta en la Seguridad Social, mientras seguía prestando mis servicios administrativos y sindicales de siempre en la Playa de Palma para la UGT», denuncia la veterana sindicalista.

En este sentido, su abogado sostiene que se trata de un claro ejemplo de una «cesión ilegal de trabajadores». Raya insistió en que estamos ante «un auténtico escándalo laboral», sobre todo teniendo en cuenta «que el empresario real es un sindicato mayoritario». Así pues, 1.374 euros de la retribución mensual de Trinidad era abonada por la citada empresa de alimentación, ajena al sindicato, y los 535 euros restantes los pagaba UGT «pero se disimulaba como pago en concepto de dietas y gasolina», con lo cual no cotizan a la Seguridad Social.

Asimismo, Trinidad denuncia las formas de su despido: «Se me impidió el acceso a mi centro de trabajo y se me despidió de forma verbal. El lunes siguiente intenté de nuevo acceder a mi puesto y el personal allí presente volvió a impedírmelo, siendo también expulsada de los grupos de WhatsApp de trabajo. Esta actuación es un despido claramente improcedente». Según ella, el motivo del despido fue una represalia porque ya había comentado a sus superiores que quería que se regularizara su cotización.