Un fondo de inversión prevé construir 600 viviendas de alquiler asequible en Baleares

Fondviso, a través de un modelo de colaboración público-privada, intentará combatir la escasa oferta pública de alquiler asequible en Baleares, un lugar en el que la oferta de viviendas públicas sociales se sitúan cerca del 3 %. En total, la firma prevé captar hasta 650 millones de euros con este nuevo fondo, con el objeto de construir 12.000 inmuebles de alquiler asequible en un periodo de diez años y por todo el territorio español.

El nuevo fondo de Solventis tiene previsto ejecutar una inversión directa en Baleares por valor de 100 millones de euros, de los 2.000 millones previstos en total, por lo que un mínimo del 5 % de la cartera del fondo acabará en suelo isleño. Esta iniciativa podría contribuir al programa desarrollado por la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern, que ofrece a los diferentes ayuntamientos de las islas ceder suelo para construir vivienda pública destinada al alquier asequible, concediendo el derecho de superficie a promotores privados.

Toni Bosch, director de inversiones alternativas inmobiliarias de Solventis, destacaba que «el acceso a una vivienda de alquiler en Baleares exige un esfuerzo financiero un 30 % superior a la media española, teniendo en cuenta que la renta media por hogar es similar». De la misma manera, recuerda que «con el mismo esfuerzo de inversión, la administración balear podría quintuplicar la capacidad de desarrollo del parque de vivienda asequible».

El fondo de inversión contempla la construcción de viviendas de alquiler destinadas al 30 % de la población española, centrada en hogares con ingresos mínimos medios de entre 28 y 45.000 euros, siendo una nueva vía para combatir la escasa oferta pública de vivienda de alquiler asequible, que en España se sitúa en el 1'6 % del total, llegando en Baleares al 3'1 %, frente al 15 % de media en Europa.

Según el modelo de Solventis, la administración no realiza ninguna inversión, sino que gestiona el alquiler de las viviendas por un periodo no inferior a 30 años a cambio de un canon fijo anual en concepto de pago por disponibilidad al vehículo de inversión. Por lo tanto, finalmente la administración solo asume los costes y riesgos de gestión con los inquilinos (morosidad, posible desocupación, etc.). Pasado ese periodo, la infraestructura pasará a ser de titularidad pública.

Por otra parte, los inversores, titulares de la infraestructura, obtendrán una rentabilidad neta anual superior al 7%, asumiendo únicamente el riesgo de edificación de los inmuebles, con el valor añadido de apostar por un proyecto de impacto social, comprometido con el medioambiente y el progreso de la sociedad.