Así lo ha asegurado la entidad ecologista, que ha puesto los ejemplos concretos de los consistorios de Calvià y Capdepera que ya habrían licitado y adjudicado la explotación de los servicios «sin disponer de la previa autorización administrativa», que debe conceder la Dirección General de Costas y Litoral de la Conselleria, según ha afirmado a través de un comunicado. No obstante, la organización ha aseverado que lo que resulta «más grave» es que «algunos de estos servicios están ya en explotación desde hace semanas de forma totalmente ilegal».
Otra de las muestras de lo que han calificado como «prácticas irregulares» es el quiosco de «grandes dimensiones», con tarima y techado, que se ha instalado en la playa de 'cap Falcó' en Calvià, que han indicado que está licitado y adjudicado a una empresa desde hace meses por el Ayuntamiento, y que han apuntado que la Dirección General ha advertido al Ayuntamiento que «no se autorizará por varios motivos».
La organización ecologista ha remarcado que el Reglamento de Costas, en su artículo 113, establece que estos servicios no pueden licitarse, ni adjudicarse antes de la obtención de la previa autorización administrativa y haber abonado el canon correspondiente, algo que han resaltado que es un «proceso lógico», ya que han advertido de la paradoja de que alguien puje por una explotación si no sabe si cumplirá las condiciones para ser autorizada.
«El quiosco de 'cap Falcó' también es un ejemplo de descontrol y falta de vigilancia, puesto que se da la circunstancia de que ni siquiera se ha instalado en la zona de dominio público marítimo terrestre, donde figura que el ayuntamiento la ha solicitado, sino fuera de ella en una zona calificada como Área Natural de Especial Interés (ANEI)», ha puntualizado.
Por todos estos motivos, desde el GOB han anunciado que han presentado varias alegaciones en las solicitudes presentadas por varios ayuntamientos para la explotación de los servicios de temporada en las playas.
Hasta ahora en Mallorca han salido a información pública los proyectos correspondientes a los ayuntamientos de Capdepera, Calvià y Pollença, para un período de explotación de cuatro temporadas, es decir entre 2024 a 2027.
«Saturación» y «molestias»
En todos estos proyectos, los ecologistas han sostenido que existe un «incumplimiento generalizado» del Reglamento General de Costas, que establece que la distancia mínima entre actividades no similares debe ser de 50 metros lineales.
Así, han manifestado que la distancia se «incumple de forma generalizada» entre las actividades de explotación de hamacas y sombrillas y la actividad de los quioscos de bebidas y comidas, que «en muchas ocasiones se encuentran pegados».
«Resulta raro que todos los organismos oficiales que actúan sobre estas solicitudes no apliquen este artículo del reglamento de costas, de obligado cumplimiento para todas las administraciones», han criticado.
Otro incumplimiento de la norma que han citado como «frecuente» es que las distancias mínimas «no se mantengan» entre las actividades náuticas más frecuentes, como los velomares, piraguas o esquí, que han señalado que «se encuentran al lado de las zonas de hamacas». «Estas situaciones provocan en muchas playas la saturación de actividades lucrativas y muchas molestias a los bañistas», han añadido.
Actuación «firme» y «decidida»
Asimismo, han relatado como otra posible infracción la explotación de las playas de Palma donde el Ayuntamiento ha prorrogado la prestación de los servicios a los anteriores explotadores «sin la obligatoria convocatoria de licitación prevista en el artículo 113.6 del reglamento» y sin que el proyecto «haya salido a información pública».
«Todo un cúmulo de despropósitos que el GOB ha alertado y que requiere de una actuación firme y decidida por parte de la nueva Dirección General de Costas y Litoral de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua», han reclamado.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.