El cese inmediato del director está contemplado en la disposición adicional segunda de la nueva norma que, con su entrada en vigor, da inicio al plazo de seis meses, como recoge la disposición adicional primera, para liquidar el organismo.
Baleares será así la primera Comunidad Autónoma que fulmine un organismo de estas características. Al margen de la eliminación de la Oficina Anticorrupción, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasarán a ser parcialmente confidenciales y que las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato.
De momento, será la Inspección General de Calidad y Servicios, con Catalina Ferrer, exnúmero dos de la Conselleria de Vivienda, al frente, quien custodie los expedientes que están en tramitación, aunque el texto ya avisa de que se declarará la caducidad de los procedimientos en curso que superen el plazo de seis meses o un máximo de nueve para los que estén prorrogados, a contar desde el inicio de las actuaciones y procediendo al archivo.
Registro de transparencia
La norma crea el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, que será la encargada de adoptar las medidas pertinentes en relación a los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el buen funcionamiento. Este registro, dice la ley, tendrá carácter reservado y, además, cualquier acceso quedará registrado. El PSIB ya anunció que estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional (TC).
1 comentario
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Així no poden investigar el viatge de la Presi al partit del Mallorca.... ja coneixem els rasputins antics del PP ara volen tapar els nous!!!