El Govern abre la puerta a que el Consell privatice la ITV

En el caso de Mallorca, el Consell dirige el servicio de inspecciones aunque las realizan servicios externos a la institución. El servicio lleva años siendo gestionado por una empresa privada en régimen de concesión, pero el Consell fija los precios, dirige al servicio y vigila la ejecución del contrato. La decisión del Govern permitirá a la institucion insular privatizar el servicio si así lo desea, algo que parece muy probable a la vista de esta nueva normativa que prepara el Govern.

La medida se incluirá en el decreto ley de simplificación administrativa en el que trabaja la Vicepresidència del Govern. Fuentes de Ejecutivo recuerdan que la normativa estatal permite esta externalizacion del sevicio ya que deja abierta la posibilidad a que las inspecciones las realicen de forma directa las comunidadeds autónomas, a través de sociedades de economía mixta o por empresas privadas en régimen de concesión administrativa o autorización.

En el caso de Balears, las competencias del servicio de inspección están transferidas a los consells, por lo que son estas instituciones los organismos competentes. El Govern cree que los problemas que se han detectado en el servicio hacen aconsejable abrir la puerta a una privatización y cambiar el modelo que ha funcionado durante años en Mallorca.

La intención del Govern es tener listo el decreto en cuestión de días y algunas fuentes señalan que el Consell de Govern podría tenerlo listo la semana que viene para llevarlo después al Parlament con el fin de que sea convalidado por la Cámara balear. En cualquier caso, al tratarse de un decreto ley, la norma entra en vigor en el momento de su aprobación por parte del Govern por lo que el Consell ya podría comenzar a trabajar en esta materia si esa es su intención.

El decreto ley en el que trabaja el departamento que dirige Antoni Costa incluye, además, un proceso de legalización de las viviendas construidas en suelo rústico que ya hayan prescrito y, por lo tanto, no se puedan demoler. Los propietarios que quieran legalizar las viviendas, u otros elementos como piscinas, porches o añadidos, deberán pagar una    sanción que será inicialmente del 15 % del valor de la obra que se quiere legalizar.