«Mis 'inqui-okupas' me han amargado la vida y he perdido casi 50.000 euros, pero he conseguido echarlos». Este es el duro testimonio de Cristina Jiménez, una mujer que en agosto de 2021 decidió alquilar su piso en Palma para poder pagar la hipoteca (se fue a vivir con su pareja a Inca), pero a los pocos meses sus inquilinos dejaron de pagarle la renta. Han sido cerca de dos años y medio de calvario, que finalizaron el pasado 26 de marzo, cuando al cuarto intento pudo ejecutarse el desahucio.
Cristina ha encontrado su casa totalmente destrozada, tiene que tirarlo todo y lo hará ella misma porque no puede permitirse hacer frente a los elevados gastos que tendría que pagar a una empresa. «Sólo por tirar los trastos más grandes me pedían unos 700 euros», explica. Además, sostiene que el coste por limpiar sería mucho más elevado y calcula que los daños que le han ocasionado en su vivienda superan los 20.000 euros. «Tengo que tirarlo todo. La lavadora no tiene ni puerta, la bañera está desconchada, sólo de la cocina saqué seis bolsas grandes de basura... El olor era insoportable», recuerda.
Pese a todo ello, insiste en que lo importante es que ha podido recuperar su piso, aunque el proceso no ha sido fácil; incluso ha tenido que recurrir a un psicólogo para poder salir adelante. A la impotencia de no poder echar a los inqui-okupas de su casa, ha añadido el sufrimiento por las molestias que causaban a sus vecinos y todo el proceso judicial. El desahucio se ha cancelado en tres ocasiones y hasta la cuarta no ha sido posible ejecutar: Cristina ha tenido que poner una reclamación al Consejo del Poder Judicial.
La inqui-okupa alquilaba las habitaciones
Cristina también ha tenido que soportar cómo la inqui-okupa, además de no pagar el alquiler, se lucrase, ya que alquilaba habitaciones a otras personas. «En el desahucio vi salir a varias personas; el marido y la niña ya no estaban, pero sí otras personas. Además, las habitaciones tenían candados. Los vecinos también me han comentado que había mucho movimiento y hacían mucho escándalo». Se trata de una práctica ilegal, ya que no se pueden realquilar partes de un inmueble.
Todo esto ha motivado que Cristina no tengan intención de volver a arrendar su casa. «No alquilaré más mi casa, no quiero pasar de nuevo por esto, ha sido horrible», confiesa. A su modo de ver, los políticos y la Justicia no protegen a los propietarios, lo que hace que cada vez haya menos inmuebles en el mercado, como han denunciado también desde la Agrupación Balear de Servicios Inmobiliarios (ABSI).
