El vídeo muestra algunos de los terrenos rústicos en los que la Guardia Civil localizó vertidos de residuos incontrolados. | Guardia Civil

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La proliferación de vertidos de residuos ilegales en terrenos rústicos ha obligado a la Guardia Civil a extender más, si cabe, su vigilancia. En los últimos años, el equipo del SEPRONA, unidad de la Guardia Civil encargada de los vertidos, ha notado un importante aumento de estos escombros en terrenos protegidos, en los que además, se intentan incluso enterrar u ocultar de algún modo.

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes reciben datos más exactos y logran ubicar rápidamente los terrenos en los que se está procediendo a esta actividad ilegal. De hecho, en la última campaña que está llevando a cabo la Benemérita, la mayoría de vertidos ilegales han sido localizados gracias a denuncias anónimas de ciudadanos y vecinos, testigos de esas conductas de ocultación.

Uno de los últimos descubiertos, en el término municipal de Marratxí, reunían una gran cantidad de escombros de todo tipo, la mayoría relacionados con el sector de la construcción. El Seprona confirma que ha recopilado una gran cantidad de denuncias anónimas y que, en base a la información que proporcionan, les está permitiendo localizar los vertidos; aunque hay tantas que incluso deben priorizar según las cantidades de las que se da aviso.

Algunos escombros se tiran a simple vista y otros se entierran o se trituran en el propio terreno

La campaña de actuación que está llevando a cabo la Guardia Civil se mantiene activa, aunque se intenta llevar de la forma más discreta posible; ya que, si los propietarios son conscientes de los movimientos de la unidad del Seprona, tratan de ocultar los residuos dañando aún más el medio ambiente y complicando la tarea de los agentes. En los últimos meses, se ha producido un notable incremento de residuos incontrolados.

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Durante el pasado fin de semana, la Guardia Civil, con el apoyo del Servei de Residus de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia y de las Áreas de Urbanismo y actividades de los ayuntamientos de Palma y Marratxí, realizó hasta siete inspecciones diferentes en parcelas rústicas donde localizó vertidos. Las infracciones para los propietarios son altas, más aún si se comprueba que el subsuelo ha sido contaminado; en ese caso, la infracción pasa a ser un delito.

Las imágenes aéreas son de gran ayuda para la unidad del Seprona

Los últimos terrenos analizados se encuentran en los municipios de Palma, Marratxí, Santanyí, Muro, Llucmajor y Capdepera, la mayoría por recibir un aviso sobre vertidos procedentes de obras y demoliciones. Según explico la Guardia Civil en un comunicado, los agentes del SEPRONA, descubrieron que, una vez generados los residuos en obras de construcción, en vez de transportarse a un gestor autorizado, acaban almacenados, vertidos o incluso triturados ilegalmente en terrenos rústicos.

Otro de los motivos por los que se entierran u ocultan estos escombros es porque proceden de obras sin licencia urbanística, sobre las que la Administración no puede tener el control ni el seguimiento de los residuos que producen.

¿A quien se le imputa la sanción correspondiente?

Según establece la normativa, el propietario de la parcela es quien posee los escombros y es, por tanto, el responsable de gestionarlos entregándolos a un gestor autorizado. Además, si tras los análisis pertinentes, la Guardia Civil informa que las parcelas sobre las que se vierten o entierran residuos de la construcción, tienen el suelo contaminado, la infracción empeora. La mayoría de las veces se localiza fibrocemento con amianto (un residuo catalogado como peligroso), por lo que es obligatorio descontaminar y recuperar el terreno por parte de los responsables de los enterramientos ilegales. En este caso, serán los presuntos autores de un delito contra el medio ambiente, con sanciones de entre 2001 y 600.000 euros.