El juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha inhibido las diligencias contra el director general del Ib-Salud, Javier Ureña, después de que los socialistas de Baleares le denunciaran al considerar que dejó caducar el expediente de reclamación de las mascarillas de menor calidad a la contratada durante la pandemia.
Esta denuncia del PSIB-PSOE, de acuerdo con un auto del pasado 21 de mayo, finalmente se ha inhibido a favor de la Fiscalía Europea, ya que aquella compra y su posterior reclamación estarían mediatizados porque la financiación de ello fue por fondos europeos, por lo que el competente para la instrucción de la investigación de los posibles delitos es el ministerio fiscal europeo.
El principal partido de la oposición en las islas apunta a Ureña como autor de los delitos malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la instrucción del expediente de reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al denominado caso Koldo.
A raíz de la pandemia mundial de la covid-19, el Govern, presidido entonces por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSIB), compró en abril de 2020 un total de 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional.
Las mascarillas no eran de la calidad exigida para su uso sanitario, según certificó Salud en cuanto se recibieron, por lo que quedaron almacenadas. Los socialistas mantienen que iniciaron en julio de 2023 el expediente de reclamación de 2,6 millones, la diferencia entre el valor de las mascarillas FPP2 pagadas y las quirúrgicas recibidas, un 70 % más baratas.
El PP, por su parte, alegó que el anterior ejecutivo autonómico dirigido por Armengol jamás informó al Govern de Marga Prohens del sobrecoste de esas mascarillas, ni inició tal reclamación a la empresa investigada.
El juez ordenó a principios de este mes el traspaso de las diligencias a la Fiscalía para que se pronunciara, después de que el juzgado no acordara ninguna diligencia de investigación al no haber determinado expresamente sobre la incoación o desistimiento de la denuncia.
La Fiscalía Europea tuvo conocimiento de estas actuaciones, de las que oficialmente le informó el juzgado palmesano, y en consecuencia dictaron un decreto interesando su avocación.
La Fiscalía Europea ya tiene iniciado un expediente de investigación en relación a la adquisición de esas mascarillas y también es el competente para la investigación de la posterior reclamación del precio de las mascarillas.
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