«Me dijo que la dueña estaba en el hospital y que no podía ir al notario a firmar». Las víctimas de una trama de ventas fraudulentas de viviendas en Palma, sobre todo en Son Gotleu, relataron en el juicio las maniobras de los acusados para esquivarles. El grupo, un matrimonio y su hija, está acusado de quedarse con el dinero de los contratos de arras de pisos que comercializaban sin ser suyos. Pactaban una operación de venta de los inmuebles, fijaban un precio y recibían un pago como garantía. Después se iniciaban excusas para no firmar. Si el afectado reclamaba una compensación por el contrato de arras incumplido por la propiedad el pago se hacía con cheques sin fondos. Todos los casos se produjeron en los años 2020 y 2021.
En total son 16 los afectados por una mecánica delictiva similar. El primero de los afectados en declarar explicó que conocía a los acusados porque frecuentaban su restaurante en el barrio. La mujer se presentó como agente inmobiliaria y empleada de una agencia. Le ofreció visitar una serie de pisos. «Me llevo a veinte o treinta», la mayor parte de ellos estaban pendientes de reforma y se ubicaban en la barriada.
Finalmente, este afectado pensó en comprar dos que estaban sin reformar y pactó la adquisición: 55.000 euros por ambos. «¿No sospechó por el precio?» le preguntaron las defensas. «Es lo que entonces costaba en la zona un piso que no estaba reformado».
Una vez pactado el precio, se firmó un contrato de arras. A cambio de 27.000 euros el afectado se garantizaba las dos fincas. Él pago y fue cuando comenzaron a darle largas. «La dueña no podía firmar». Finalmente, cuando reclamó la devolución de las arras y la penalización que se había pactado, recibió dos cheques sin fondos. A partir de ese momento, los acusados cortaron toda comunicación con él. «El teléfono estaba siempre apagado». El relato es similar para los otros dos afectados que declararon ayer en la primera sesión del juicio. A través de conocidos contactaron con el matrimonio implicado, con un papel más destacado de la mujer acusada. Vieron varios pisos y eligieron uno para comprar.
En uno de estos casos, el denunciante llegó a pagar de manera íntegra el precio pactado por un lote de cuatro viviendas: cerca de 100.000 euros. Otra de las víctimas había acordado con la acusada, según denunció, que le gestionara la hipoteca y le hacía transferencias para el pago de las cuotas, que no llegaron al prestatario. Así, según la Fiscalía hay un total de 16 perjudicados por la trama, la mayor parte de ellos inmigrantes.
La Fiscalía reclama una condena de ocho años de prisión para los tres acusados: un matrimonio y su hija. Hay un cuarto acusado, contra el que solo actúan las acusaciones particulares. Solo una de ellas reclama más de 100.000 euros en indemnizaciones.
Los dos principales encausados están en prisión preventiva. La acusación pública sostiene que todo el dinero que recibieron por las arras y otras gestiones pasó a su patrimonio. Los acusados declararán al final del juicio. Su defensa solicitó un aplazamiento de la vista que fue denegado por la Sala pero, a cambio, se postergó a la última de las sesiones su interrogatorio.
1 comentario
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Y nadie pedía escrituras del bien a comprar, amén de otros documentos?. Como situación real del IBI, cargas y gravámenes etc. y en definitiva, colegiación de la supuesta profesional inmobiliaria? ¿Nada de nada?. ¿Dar el dinero a la buena de Dios, sin garantía alguna? No se comprende.