La izquierda dice que la legalización de casas en rústico «beneficia a los especuladores»

Ante la falta de datos y, por el hecho de aprobarse de urgencia una decisión aprobada por el Parlament, el PSIB se plantea presentar un recurso administrativo-contencioso. Cladera cree que, tomando esta decisión, se cuestiona el trabajo de la Agència de Defensa del Territori, que controla las obras ilegales en rústico y que se potenció durante el Pacte.

«Estamos premiando a los que lo hicieron mal al lanzar el mensaje de que no pasa nada si lo hicisteis mal, que luego se amnistía y se legaliza», ha afirmado el portavoz de Més, Jaume Alzamora. «La medida solo aumenta la presión y la especulación, por mucho que defiendan que ayudan a ciertas familias», ha añadido el soberanista, que ha llegado a calificar el decreto de «barra libre» y «happy hour», en referencia a la 'hora feliz', una estrategia de marketing por la cual se vende alcohol más barato en ciertos momentos y que está asociado históricamente a ciertas zonas turísticas de Baleares, donde está prohibido.

El conseller insular de Territori, Fernando Rubio, ha defendido la ratificación del decreto porque considera que se da una solución a un problema histórico. «Se trata de edificaciones que la Administración pública no puede demoler porque han prescrito y se encuentran en un callejón jurídico y urbanístico sin salida», ha comentado durante el pleno, insistiendo en que, por este motivo, no se trata de una amnistía porque no habrá la posibilidad, por parte del Consell, de obligar a restablecer la legalidad urbanística y porque es un proceso de regulación extraordinario.

No se podrán acoger a la amnistía construcciones levantadas hace décadas que no figuran en los registros y edificaciones hechas de manera irregular, pero cuyo delito ya ha prescrito. Los dueños que sí puedan beneficiarse deberán pagar una multa según su nivel de renta y el valor de la obra. Para las edificaciones fuera de ordenación que se regularicen, se exigirá una serie de condiciones a los propietarios. Tendrán que hacer constar la prohibición de destinar el inmueble legalizado a la comercialización turística. De hecho, se obligará a inscribir esta prohibición del alquiler turístico en el registro de la propiedad.

Aun así, la norma no es clara en el caso de los dueños de viviendas legales con piscinas irregulares que se acaben regularizando. Una vez hecho, y según el decreto, cabe la posibilidad de que puedan hacer alquiler vacacional, pero es interpretable. En principio, la ratificación del Consell el sábado saldrá publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), por lo que empezará el plazo de tres años para acogerse a esta medida.

Ecologistas solo en la oposición

El conseller insular ha respondido a las críticas del PSIB y Més diciendo que solo son ecologistas cuando están en la oposición, porque cuando gobernaban permitieron construir 3.100 viviendas en rústico. «Sus medidas incitaban a un efecto llamada porque creaban inseguridad; hicieron una política destructiva», ha llegado a decir ante los reproches de los partidos de izquierda, que han insistido en que si se permitieron construir legalmente más edificaciones en rústico es por leyes del PP previas al Pacte de los últimos ocho años.

«La izquierda lo que pretende es demoler las casas, dejar a sus legítimos propietarios sin sus pertenencias, y que se busquen la vida», ha afirmado el portavoz de Vox, Toni Gili. Pensamos que debemos dar seguridad jurídica a todos aquellos propietarios que están en esta situación, porque heredando o teniendo una casa que no cumpla, por ejemplo, con la parcela mínima, o que no cumpla con los retranqueos legales, la administración no puede ordenar derribar, o el propietario no la puede legalizar ni reformar», ha comentado Gili.

Por su parte, el representante del PI, Antoni Salas, que ha apoyado la propuesta del PP, ha dicho que el decreto ley es «mejorable» y que existen «incongruencias, subrayando que «hay muchas casas» que en su momento adquirieron una licencia vacacional de forma legal y que ahora no se podrán destinar a alquiler turístico.