Las nueve plazas de aparcamiento no justificadas estaban ubicadas en el párking municipal de Vía Roma, en Palma, donde el Consell tiene una serie de plazas para sus vehículos. | Alejandro Sepúlveda

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El gobierno del Consell de Mallorca dará cinco días a los tres excargos del Pacte que deben 43.378 euros por haber contratado nueve plazas del aparcamiento de Vía Roma sin autorización, como adelantó este diario. Así lo ha anunciado este martes el conseller insular de Presidència, Antoni Fuster, que ha comparecido para explicar que la institución pagará la deuda reclamada por el Ajuntament de Palma y que, a la vez, solicitarán a los deudores que abonen esta cantidad. «No podemos permitir este 'simpa'», ha señalado Fuster, criticando que usaran el Consell «para su propio beneficio» a pesar de contar con informes desfavorables para usar esas plazas.

«Tendrán cinco días para subsanar lo que defraudaron; si no lo hacen, llevaremos el caso a la abogacía del Consell», ha advertido el conseller, que ha pedido a la entonces presidenta insular y actual líder de la oposición en Mallorca, Catalina Cladera, del PSIB, que exija el pago a los tres excargos. Fuster también ha asegurado que los tres implicados intentaron pagar la deuda un mes antes de las elecciones, pero «no se atrevieron porque sabían que sería un escándalo y dejaron las facturas sin pagar».

Los consellers Andreu Serra (PSIB) y Jaume Alzamora (Més), responsables de Turisme y Promoció Econòmica respectivamente, y Francesc Ramis, secretario técnico de Cultura, al igual que otros políticos, tenían derecho en sus departamentos a una serie de plazas de aparcamiento en el párking de gestión municipal de Vía Roma. El número de plazas permitidas, sin embargo, fue superado sin autorización. Fuster ha precisado, además, que desde 2019 Intervención General del Consell impide que se paguen plazas de aparcamiento a cargos políticos. «No reclamamos dinero de años anteriores, en los que también gobernaba el Pacte, ni tampoco más atrás», ha apuntado.

Asimismo, Fuster ha destacado que les ha sorprendido que Alzamora, que tenía su despacho en las oficinas de la calle General Riera, donde sí que hay plazas destinadas a cargos públicos, tuviera un aparcamiento reservado en Vía Roma, insinuando que no lo usaba por motivos de trabajo.

Ramis niega las acusaciones

Francesc Ramis, que ahora es regidor del PSIB en Algaida, asegura que jamás usó una plaza de aparcamiento contratada por el Consell entre 2017 y julio de 2019, que es cuando estuvo en la institución como secretario técnico de Cultura. «Para hacerlo se pide la matrícula del vehículo que usas, y la mía no la encontrarán porque nunca usé esas plazas y lo puedo demostrar», asegura Ramis, que desde siempre tiene un aparcamiento privado y no ha requerido usar uno público.

También reitera que desde anteriores legislaturas del Consell altos cargos y funcionarios tenían acceso a esos aparcamientos, y que con los años se fueron reduciendo. Si su nombre aparece en un informe es porque inicialmente firmó, como se venía haciendo desde hacía años, un contrato para usar que estas plazas de aparcamiento siguieran disponibles para el Departament de Cultura i Patrimoni. Desde la firma del contrato y hasta el final de la legislatura (y del cargo de Ramis) las facturas devengadas por el uso de los aparcamientos de Cultura se conformaron y pagaron desde el Consell con normalidad.

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A partir de julio de 2019, el contrato, firmado en 2018 por Ramis se prorrogó, aún cuando él ya no formaba parte del Consell, motivo por el cual figura en unos de los informes. Ramis reitera que entre 2018 y 2019 se pagaron todas las facturas por los aparcamientos de La Misericòrdia, por lo que no debería nada.

La versión del PSIB

Andreu Serra ha asegurado que informó de la situación de los contratos de los aparcamientos en el traspaso de poderes que se hizo en julio de 2023 y ha defendido que se hizo un «buen uso» de las nueve plazas. Además, ha criticado que la denuncia del Consell forma parte del «modus operandi del PP», que «vulnera cualquier tipo de planteamiento ético».

El socialista afirma que desde su formación están «a disposición» del actual equipo de gobierno para resolver esta cuestión por lo que ofrecen «máxima colaboración» y reiteró que «todos los altos cargos» tienen espacios en los edificios de la institución para aparcar sus coches pero en el caso de las instalaciones de La Misericòrdia no disponen de estos aparcamientos, por lo que «desde legislaturas anteriores» se formalizaban estos contratos con la SMAP. Serra ha criticado que Fuster no les comunicara nada a él ni su partido y «únicamente se difunda esta información a los medios», por parte de un partido que, desde su punto de vista, «poco tiene que decir en casos de corrupción».

Un reciente informe de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP), al que tuvo acceso en primicia 'Ultima Hora', enumera que «en fecha de 8 de octubre de 2018, el señor Francesc Ramis Oliver formalizó el contrato con la SMAP de cinco plazas», aunque tres de ellas causaron baja después «por petición expresa del Consell de Mallorca». Es decir, dos habían sido autorizadas y las otras tres no. La deuda asciende a 13.744,06 euros.

El informe continúa detallando que «en fecha del 1 de enero de 2021, el señor Jaume Alzamora Riera, formalizó con la SMAP el contrato de tres plazas», que luego también causaron baja, dejando un descubierto actual de 11.711,76 euros.

El tercer informe alude a Andreu Serra Martínez, que llevó a cabo un contrato de abono de tres aparcamientos, cuyo importe no satisfecho asciende a 17.922,26 euros. En el caso de Alzamora, la facturación de las tres plazas se realizaba cada seis meses. Por mes, cada párking costaba 128,66 euros. A ese departamento del Consell llegaron en total quince facturas, aunque no hay ningún informe de fiscalización hasta la fecha ni se ha pagado ninguna.