Imagen del local en el que intervino la Policía Local de Palma. | F.F.

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Días después de la intervención de la Policía Local de Palma en la que se hallaron una veintena de infraviviendas en un local comercial de la calle Balmes, la actividad sigue con normalidad en ese espacio, a la espera de la intervención del Ajuntament de Palma, a la par que los vecinos muestran su preocupación por los habitantes de esos espacios edificados irregularmente y que se alquilan por unos importes que rondan e incluso superan los 600 euros en algunos casos.

La Policía Local de Palma, a raíz de su actuación en el citado local, ha trasladado con carácter de urgencia un informe detallado al Departamento de Disciplina y Seguridad de Edificios del área de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos de Cort, que asumirá el caso y depurará las responsabilidades pertinentes.

Mientras tanto, los vecinos del local, que seguía abierto durante la mañana de este martes, aunque con una persiana a media altura y otra alzada para permitir que los equipos de aire acondicionado tengan ventilación, muestran su preocupación. «Ya no es que hagan ruido o dejen basura, es que es hasta peligroso vivir ahí, no hay salida en caso que incendio o cualquier otro accidente», relata uno de los residentes en la zona.

Acceso a las infraviviendas de la calle Balmes. Foto: F.F.
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Mientras, uno de los habitantes de esas infraviviendas abandona el local, en el que la Policía Local dio fe de una veintena de habitáculos, divididos en dos plantas -baja y sótano- y numerados, además de una zona de aseo y climatización. «Pero no tienen climatización ni luz natural...», recuerdan los vecinos de la zona.

Estos refieren obras en el local -en su día de equipos de sonido- por espacio de dos o tres meses, señalando la presencia de inmigrantes como inquilinos de esos espacios que han generado problemas al edificio en el que se encuentra en forma de humedades o asuntos relacionados con el suministro de agua.

Aparatos de aire acondicionado en el exterior del local. Foto: F.F.

Desde la administración de la finca se guardó silencio respecto a una problemática que preocupa a los vecinos «más allá de por la limpieza o el ruido, por la seguridad», aseguran, mientras la vida sigue igual en unos habitáculos cuya legalidad está en tela de juicio a la espera de la intervención por parte de Cort.