Imagen de archivo de una de las estaciones de ITV de Palma. | R.L.

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El Govern ha puesto en marcha este lunes el proceso de regularización para que los consells insulares privaticen sus servicios de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), una decisión con la que el Ejecutivo espera reducir el tiempo de espera, que en Mallorca supera los treinta días. «El objetivo es optimizar, facilitar la mejora de las instalaciones y garantizar la seguridad de los vehículos», según ha defendido el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, que se ha reunido con los responsables insulares de este servicio.

Antes de que termine la legislatura, en mayo de 2027, puede que el sistema de ITV de Mallorca sea similar al sanitario porque el Consell baraja que el modelo público conviva con otro privado. Quien quiera evitar esperar varios meses para conseguir una cita, que desde hace meses es difícil, tendrá la opción de pagar más para reservarla antes, como ya adelantó en exclusiva este diario.

El Govern, que incluyó la privatización en su decreto ómnibus de simplificación administrativo, defiende que hay diversos informes, provenientes de organizaciones como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que inciden en que un régimen con mayor dosis de liberalización supondrá un incremento exponencial de estaciones de ITV en el territorio, a la vez que reportará otros beneficios para los usuarios, ya que en este escenario los operadores compiten en variables como localización, horario, servicios adicionales y precio.

El Ejecutivo también recuerda que el nuevo modelo de gestión que impulsan ya ha sido adoptado por otros territorios, como Canarias y Madrid, a raíz de las modificaciones normativas que permiten a las comunidades autónomas optar por diversos regímenes de explotación.

Més rechaza la privatización

«No podemos compartir en ningún término los argumentos para justificar el cambio de modelo», ha afirmado el portavoz de Més en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, que ha censurado «un nuevo capítulo de recortes» a las administraciones públicas con el que, ha asegurado, «la gestión pública quedará más subsidiada a la iniciativa privada, pasando a un segundo plano el beneficio y la rentabilidad social de los servicios públicos».

En este sentido, ha remarcado que la propuesta de liberación supondrá más pérdida de empleo en el sector público y encarecería el coste del servicio «buscando únicamente el beneficio privado». Alzamora ha recordado que los modelos que quiere implantar el PP ya funcionan en Madrid y la Comunitat Valenciana y son los más caros de todo el territorio nacional. En cambio, Mallorca tiene ahora mismo la tasa más económica, aunque haya un tiempo de espera elevado. «Resulta evidente que todas las privatizaciones de servicios públicos han supuesto un incremento del coste del mismo que siempre acaban pagando los ciudadanos», motivo por el que MÉS per Mallorca muestra su «rotundo rechazo a esta propuesta».