Antoni Llabrés, Llorenç Perelló, Jaume Bauzá y Pedro Vidal, durante la sesión de este lunes. | Teresa Ayuga

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El pleno del Consell Social de la Llengua Catalana ha asestado este lunes un varapalo contra la política lingüística del Govern al salir adelante una contundente propuesta de la Obra Cultural Balear. El organismo ha aprobado un documento que consta de cuatro puntos, en los que se pide revocar «las medidas regresivas para la lengua adoptadas este primer año de legislatura, contrarias a las propuestas de este Consell». También se exige al Ejecutivo «desistir» en implementar «nuevas mediadas regresivas» y que, en caso de promover cualquier cambio normativo en materia de lengua, se consulte previamente al Consell Social de la Llengua para que asesore e informe, como establece la ley.

Además, el texto aprobado con 25 votos favorables, 15 en contra y seis abstenciones, reclama al Govern que cumpla «su obligación estatuaria» y «legal» de «defender y fomentar la lengua catalana» con la «implementación prioritaria» de las propuestas que dicho consejo ha dictaminado en los últimos años.

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El texto ratificado lamenta que las mismas instituciones públicas que deben fomentar el catalán para garantizar su uso como lengua oficial, junto al castellano, «están alcanzando un mínimo de normalidad y fomentan discursos negativos» que «generan un entorno disuasivo para usarla». Enumera las medidas que promueven esta situación, como la supresión del requisito del catalán en la sanidad; la modificación del modelo lingüístico educativa con el plan de elección de lengua; la eliminación de la exigencia de conocer el catalán y su uso por parte de ayuntamientos como el de Calvià, donde el PP gobierna con Vox; o el hecho de que se llegue a eliminar este conocimiento en el resto de la fundación pública, tal y como recoge el acuerdo de gobernabilidad de los dos partidos a nivel autonómico.

División constante

La tensión dentro del Consell Social de la Llengua ya se manifestó en febrero, cuando la presidenta del Govern, Marga Prohens, impidió en el primer pleno celebrado esta legislatura que se debatiera sobre su política lingüística, que provocado tantas críticas en los últimos meses. El organismo, que preside el presidente autonómico de turno, aunque es común que no suela participar en las sesiones, acabó tratando aspectos de trámite e informativos «sin ningún tipo de relevancia», como criticó la OCB, a pesar de que la entidad hubiera solicitado incluir en el orden del día estos asuntos de actualidad. Aun así, muchos vocales criticaron las medidas del Govern en sus intervenciones.