Maria Antònia Oliver, este lunes en Palma. | Jaume Morey

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Es nieta de un ‘desaparecido' de la Guerra Civil (Andreu París, posiblemente fue asesinado en 1937 en el cementerio de Porreres, a donde fue llevado desde Inca) cuyo cuerpo todavía no se ha localizado. Es Maria Antònia Oliver, presidenta de la asociación Memòria de Mallorca, y estos días sus pensamientos van y vienen. Del pasado al presente, pero también al futuro. Piensa que la derogación de la Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics todavía se puede parar. Y considera un sinsentido separar esa ley de la llamada ‘de fosas' o de personas desaparecidas.

¿Por qué?
—Porque no podemos olvidar por qué ‘desaparecieron'. No salieron de casa sin más. Fueron víctimas. De hecho, Balears es la excepción y existen dos leyes. Mi abuelo fue asesinado y es una víctima, como otras tantas de la Guerra Civil. Su memoria es tan importante como su cuerpo y eso es importante resaltarlo. Si te entregan su cuerpo y no reconocen que fue una víctima, ¿de qué sirve?

La primera vez que la entrevisté no existían las leyes autonómicas de fosas ni de memoria. Y se mostraba escéptica. ¿Ahora es pesimista u optimista?
—La verdad es que cuando empezamos con Memòria de Mallorca, en 2003, pensaba que todo iba a ser más sencillo. Pero el tiempo me ha enseñado que no. y que es un asunto muy sensible. No es bueno dar falsas expectativas a la gente que ha sufrido tanto. Siempre aviso de que es complicado pero si miro hacia atrás pienso que hicimos muchas cosas y también hemos tenido, en Balears, el apoyo de la Administración. Ahora no sé, quizá nos han faltado cuatro años más para completar lo que se había iniciado.

¿Cómo nace la asociación Memòria de Mallorca?
—Nace en 2003 pero no se constituye formalmente hasta 2006 para apoyar la denuncia y la investigación del juez Garzón por crímenes contra la Humanidad. Investigábamos para interponer denuncias y así fue como contacté con Margalida Capellà Roig, que me llevó a Margalida Capellà Fornés, que entrevistó a mi madre. Entrevistaba a otros familiares de represaliados y descubrimos que, aún teniendo tanto en común, no nos conocíamos. Eran historias individuales, cada uno con nuestra historia dentro. Eso nos dio visibilidad.

Garzón fue acusado de prevaricación y no hubo investigación ni responsabilidad penal.
—La ley de amnistía del 77, las prescripciones... Todo eso hace inviable la exigencia de responsabilidades penales, pero todavía se puede investigar y reparar. Hay un elemento positivo en la Ley estatal de Memoria Democrática, la creación de una fiscalía especial con delegaciones autonómicas. Un amigo me explicaba el otro día que también se crea una en Balears. Ahora tenemos donde acudir.

¿Para conseguir qué?
—Los responsables directos de los asesinatos están muertos pero pedimos investigación judicial y tutela efectiva. No es lo mismo que investigue un historiador que un juez, el sí puede ordenar que se abra un archivo. Es al Estado al que corresponde todo eso. Tanto la investigación como la reparación. Y por eso digo que son importantes las leyes de memoria y localizaciones, sean leyes separada como en Balears o únicas como en otras comunidades. Exhumar no es exhumar y entregar unos restos. Hace falta más.

En la pasada legislatura el vicepresidente Yllanes pidió perdón a los familiares por haber tardado tanto.
—Y no sólo el vicepresidente Yllanes. También la presidenta Armengol, que pidió perdón delante de las fosas. Eso no ha ocurrido en ninguna comunidad autónoma. Por eso le digo que aquí, en Balears, las cosas se estaban haciendo bien.

¿Todavía se puede parar la derogación de la Llei de Memòria?
—Creo que sí, por poder se puede. Lo más sencillo sería que el PP reconsiderara su posición y lo hiciera por un motivo bien sencillos: ponerse del lado de quienes respetan los mandatos internacionales y respetan los Derechos Humanos. ¿A quién ofende esta ley que se aprobó con el apoyo de todos los grupos, también en PP? A nadie. Bueno sí, a un 13 % que, en el fondo, son los herederos [de la dictadura»]. Pero a nadie más. Si ha habido movilizaciones, si hay resistencia y si tampoco en el PP están todos de acuerdo es porque ya no somos aquellas cuatro locas con un pañuelo rojo.

¿En el PP no están todos de acuerdo dice?
—La única razón que me dan es que tienen un pacto con Vox, pero de ahí no pasan. Pregunte cómo lo ven en los municipios, pregunte al PP de Porreres.

¿Qué supone el gesto de Le Senne arrancando la fotografía de Aurora Picornell, y de Antònia y Maria Pascual?
—Busca destruir la dignidad y pisotearte. Primero las matan, luego las condenan al olvido y después él rompe su fotografía y se queda tan ancho.

¿Es delito de odio?
—Para mí sí, y el abogado que presenta nuestra denuncia y la de las familias también está convencido. Imagine que un presidente del Parlamento rompiera la foto de Miguel Ángel Blanco.

¿El Gobierno recurriría la derogación en el Constitucional?
—Es lo que han dicho. Supongo que esperarán a que la derogación se publique en el BOE, ahora se está tramitando, todavía no se ha derogado. Nosotros no podemos plantear el recurso ante el Constitucional. Pero hay otras vías y siempre nos queda dirigirnos al Defensor del Pueblo. Además de la demanda penal que ya hemos presentado en contra del presidente del Parlament.

¿Debería dimitir Le Senne?
—Sin duda, claro que sí. Y si no dimite, tenemos que lanzar el mensaje claro de que tiene que ser destituido. No puede seguir. Y la presidenta Marga Prohens tiene que forzarle a que dimita. O también será responsable.