Obras públicas en dique seco por la quiebra de constructoras

El resultado es que ganan el concurso público pero las cuentas no salen por los altos precios en Mallorca, lo que lleva a la suspensión de pagos y la quiebra. Ejemplos, por desgracia, hay unos cuantos: además de la residencia de Son Dureta, la Caja de Música, la reforma del Baluard des Príncep, el centro de salud de Artà, las ansiadas viviendas de protección pública del Institut Balear de la Vivienda (IBAVI) del Molinar o el refugio de La Victòria. Todas contaban con constructoras de la Península.

La directora general de la Asociación de Constructores de Baleares, Sandra Verger, advirtió que «no se están dando bajas temerarias. Es que hay proyectos que salen a licitación que no se corresponden con la realidad. Viene una empresa aquí con precios de la Península y presenta su oferta, pero al ejecutarla se encuentra con el coste de la insularidad, que es mucho más elevado, muy influenciado por los precios de los materiales». Verger advierte que cuando hay un concurso al que se presenta un solo licitador «se puede considerar casi desierta, tiene que haber una concurrencia. Es posible que no se haya hecho un estudio correcto de los costes».

Y los costes son altos: «Si una obra se para y tiene que volver a ejecutarse de nuevo supone un encarecimiento del 20 por ciento», advierte la directora general de los constructores, por lo que pide que pide a los órganos de contratación que se lancen «concursos a los precios actuales de mercado de las Islas». Las empresas de fuera, mientras tanto, aterrizan en Mallorca con precios de la Península pero una vez metidos en faena se dan cuenta de los costes.

Así, la liquidación de Alea afecta de lleno a la Caja de Música, al centro de salud de Artà y las VPO de El Molinar. La quiebra de Bauen, a la rehabilitación del Baluard del Príncep y y la residencia de La Victòria. La residencia sociosanitaria de Son Dureta parece la quiebra de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

Estas oleada de suspensiones de pagos y quiebras afecta de lleno a compañías mallorquinas. Es el caso de Refoart, subcontratada por la constructora que quebró mientras llevaba a cabo la rehabilitación de Es Baluard des Príncep: «Nos han dejado una deuda de 100.000 euros aproximadamente. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha desligado de la empresa y ahora tienen que redactar un nuevo proyecto para terminar la reforma», cuenta Leopoldo Alcázar, gerente de Reforart.

Solo queda un ocho por ciento del proyecto para finalizarlo pero está en dique seco desde hace dos años. Aún no se sabe cuándo se va a retomar. Las últimas noticias que se tienen es que el Ajuntament de Palma ha licitado el vallado de la obra, para luego seguir con la rehabilitación cuando se retome. «La administración es muy lenta, no sé cuando tardarán en retomar el proyecto ni el precio que supondrá», dice Alcázar.

Mientras tanto, la deuda dejada por la constructora ha sido dolorosa para esta empresa mallorquina: «Nos dejan bastante dinero a deber después de su suspensión de pagos. Hemos podido aguantar aunque hace dos años acusamos el golpe. Confiamos en cobrar».

Alcázar tiene un diagnóstico claro de lo que ha ocurrido en este caso: «Hicieron una oferta muy a la baja. El sastre es sastre y ellos se metieron en elementos que desconocían». Alcázar advierte que «la administración debería pedir que la documentación que entrega la licitadora esté al día de la seguridad social. Y debería ser una entrega mensual».

Entre el gremios de los constructores de la Isla se comenta que hay proyectos públicos a los que no se quieren presentar «porque los precios son muy bajos. Se han convertido en una subasta a la baja pura y dura y luego hacen modificados», que incrementan el presupuesto final e intentan cuadrar los números.

Desde el gremio advierten que «la Administración teme quedarse con concursos desiertos» y ponen como ejemplo «un proyecto de hace unos meses que era inasumible por completo. Les dije a los ingenieros ‘no podéis hacer esto’ y al final se lo llevó una empresa de Valencia». La diferencia de precios era de más del 100 por cien. «Aquí pagamos a 25 euros la hora al empleado y en la Península a 14 euros. Mi personal tiene un defecto y es que come», explica de manera muy gráfica el gerente de Refoart, que lamenta que a los salarios «hay que sumarle el coste de la insularidad en los materiales. Los márgenes tan justo que no cubren los gastos», afirma el gerente de Refoart.

El drama viene cuando se retrasan proyectos tan necesarios como las viviendas públicas. Fuentes de la Conselleria d’Habitatge advirtieron que «la promoción del IBAVI de 57 viviendas (VPO) del Molinar quedó paralizada y ha supuesto retraso por problemas económicos de la constructora Alea) que acabó quebrando. En principio ya se ha podido acabar para ser entregadas en septiembre-octubre». Estas viviendas «están terminadas y listas, solo están pendientes de recepción del vial, que debe ser realizado por el Ajuntament de Palma».