Hasta 100 euros de entrada en una fiesta ilegal en una vivienda de Sant Josep

Esas personas llegaron a asegurarles que la fiesta iba a durar «dos o tres días» y que, en ningún caso, finalizarían antes de plazo la celebración ilegal. Por tanto, los agentes comenzaron a recabar datos y evidencias para determinar si se trataba de una fiesta privada o si en la vivienda se llevaba a cabo algún tipo de actividad comercial.

Al mismo tiempo, se establecieron controles estáticos y, de inmediato, se llevó a cabo la primera detención por un delito contra la salud pública. «Este hecho ya nos indicaba que dentro de la casa existía un consumo de drogas», aseguró el jefe del cuerpo policial. Otro dato que resaltó Granados es que los organizadores habían publicado información sobre la fiesta en cuentas abiertas de conocidas redes sociales. En un vídeo realizado mediante dron se podía observar cómo era la vivienda, «nada despampanante», según añadió. De hecho, los organizadores serán multados también por volar el dron sin autorización en un espacio aéreo controlado.

En principio, estas personas se enfrentan a multas que pueden llegar a los 300.000 euros y también los asistentes pueden verse obligados a pagar sanciones de 3.001 euros.

Los policías constataron cómo se estaba cobrando una entrada de 100 euros –50 para residentes– y consumiciones como un botellín de agua se vendían a 5 euros. «También nos encontramos con seis súbditos mexicanos que manifestaban que les habían estafado 2.000 euros por acceder a la fiesta», comentó la Policía Local en sus redes.

La pasada semana, otra fiesta ilegal detectada en una vivienda de Sant Josep finalizó con una sanción de 365.000 euros. En este caso, la Policía manejaba los datos de un inquilino identificado con su NIE que además era reincidente. Esta persona ha sido multada con 200.000 euros por la celebración del evento ilegal y con otros 165.000 euros por no colaborar con los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

«Es cierto que esto, a priori, en muchas ocasiones no nos sirve para desactivar la fiesta, pero esperamos que, a medio y largo plazo, quien desarrolla este tipo de eventos no recoja los beneficios esperados. Estas personas juegan con la baza de que la fiesta se celebra en una vivienda. En cuanto nosotros detectamos que hay un cobro, pasa a ser una actividad, aunque por seguridad jurídica y pensando en nuestros agentes, evitamos entrar», insistió.

Granados advirtió de los peligros de estas celebraciones y no descartó que llegue a producirse algún grave suceso que evidencie el riesgo existente. «Está descontrolado todo y no descarto que un día se pueda producir una muerte de cualquier tipo en un evento así», alertó.

Menos permisividad

Por ello, reclamó que el marco jurídico sea «menos permisivo» con estas celebraciones ilegales.

Granados manifestó que, aunque pueda pensarse lo contrario, en este 2024 la tendencia en relación a llamadas recibidas por problemas con el ruido es a la baja. En este sentido, el jefe de la Policía Local agradeció la colaboración del sector del ocio. «Podemos afirmar que este año llevamos unas 461 llamadas relacionadas con ruido», insistió.

De esta cifra, 80 llamadas fueron quejas por ruidos procedentes de actividades, principalmente en viviendas. Según los agentes, en unas 200 llamadas los agentes hablaron de fiesta ilegal, aunque en algunos casos al final pudo constatarse que se trataba de un evento privado lícito o de otro tipo.

Intentar acabar con las fiestas ilegales es uno de los objetivos de los ayuntamientos y del Consell d´Eivissa. Por ello, la institución insular comenzó a contratar los servicios de detectives privados para descubrir eventos de este tipo e incluso infiltrarse en ellos.

Este año, el Consell sacó a licitación la contratación de dos inspectores para la investigación de fiestas ilegales por valor de 42.840 euros (sin IVA), siendo el cuarto verano consecutivo en que la institución insular recurre a estos profesionales para perseguir la celebración de fiestas ilegales en la isla.

El pasado año, los detectives contratados por el Consell d'Eivissa ayudaron    a desarticular una banda criminal dedicada al tráfico de drogas.

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