Una familia de turistas, en la plaza de Cort de Palma. | Jaume Morey

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«Uno de nuestros grandes problemas es que no tenemos información exacta, pedimos a los ciudadanos que nos envían denuncias que lo hagan con máxima información y exactitud, que envíen la dirección exacta, el piso, el nombre… de donde sospechan que se está produciendo una actividad ilegal». El conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, apela a una colaboración ciudadana más precisa para perseguir al turismo ilegal. Reconoce que en los últimos meses han recibido más de 3.000 llamadas y que le han enviado muchas fotos observando un «importante incremento de cajetines en los edificios, que puede ser una actividad ilegal», por lo que «a veces no hace falta recurrir a las matemáticas para actuar».

Más allá de la colaboración ciuadana solicitada, por su parte el Consell ha anunciado el incremento de 27 personas en el departamento de Oferta y Calidad de los que 10 son inspectores, 12 trabajarán en propuestas de sanción y cinco en ordenación. De esta manera la ratio de un instructor de sanciones por cada siete inspectores pasará a ser de uno por cada dos. Una medida que prevé mejorar los dilatados retrasos que hay en la actualidad a la en la instrucción de multas y que afecta, entre otros, al expediente abierto al agroturismo por que el dimitió director general de Transparencia del Govern y exalcalde e Andratx, Jaume Porsell.

Los 30 inspectores de los que dispondrá el Consell repartirán el 80 % de su jornada laboral a la caza de la actividad turística ilegal, y el 20 % restante a velar por los 36.000 establecimientos censados que engloban al sector hotelero, de alquiler, vacacional, restauración u otro tipo.

Con estos datos sobre la mesa, Marcial Rodríguez ha dejado claro que su prioridad «es el ataque al ilegal, al legal que hace un pequeña irregularidad le encontraremos pero no es mi prioridad, que quede claro».