La consellera Catalina Cirer visita el Banc d'Aliments. | Jaume Morey

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La implantación de la tarjeta monedero a raíz de una directiva europea deja en jaque el reparto de comida. Comedores sociales y Banc de Aliments desconocen si podrán sobrevivir a este cambio en las ayudas sociales que apuesta por dar dinero a los necesitados para que compren según sus necesidades y dignificar así la metodología, y deja de lado el reparto directo de los productos básicos. El Govern saldrá al rescate de este tipo de entidades que ya han visto cómo Europa les retira una donación anual de un millón de kilos de alimentos al año que se cuantifican en dos millones de euros.

La consellera de Afers Socials, Catalina Cirer, ha visitado este lunes la entidad con la intención de mantener un sistema mixto. «Habrá que plantearse cómo afectan las tarjetas porque no llegan a todo el colectivo, sólo a las familias con menores de 14 años, que calculamos que son unas 1.500 pero quedan fuera los mayores, los inmigrantes, las familias con alguna persona con discapacidad…», alerta Cirer.

Este año, a través de los fondos autonómicos del 0,7 % de IRPF social, se han otorgado 300.000 euros a la entidad pero ya se sabe que deberá incrementarse la partida en los presupuestos del año que viene. «Pensamos que las 1.500 familias que quedan fuera suponen sólo un 20 % de todo el colectivo con necesidad», ha dicho.

El presidente del Banc d’Aliments, Raimundo de Montis, ha asegurado que «la situación es grave». Y es que «desde la pandemia nos vimos obligados a comprar alimentos por primera vez porque subió mucho la gente necesitada en la sociedad mallorquina. A día de hoy se reparten productos a unas 97 entidades que llegan a 27.000 personas.

Si bien una parte de éstas quedará cubierta con las tarjetas monedero que este mes Cruz Roja podrá en marcha, la retirada de las ayudas europeas han hecho mella en la entidad. «Los fondos terminaron en 2020 pero entraron de nuevo al Parlamento Europeo en 2021, España prefirió pedir dinero a alimentos y dejó de ser un programa nacional a una autonómico», ha explicado De Montis.

La entidad social tiene ahora un futuro incierto y, a nivel nacional, ve una oportunidad en la Ley de Desperdicios para gestionar mejor todo lo que se tira, sin embargo todavía no ha empezado a tramitarse.