Según han confirmado desde el ejecutivo autonómico, la demanda ha sido registrada por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares este martes, con lo que la administración del archipiélago se suma a de otras regiones gobernadas por el PP y a la demanda presentada por el propio partido en Castilla la Mancha. También se ha autorizado a la Abogacía a formalizar la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y de los magistrados del TC Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso.
La Abogacía de la comunidad autónoma sostiene que esta ley vulnera el principio de separación de poderes porque supone la vulneración de manera «flagrante» de la atribución exclusiva a los jueces y tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Reitera, además, que la ley de amnistía no tiene cabida dentro del marco constitucional vigente porque vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española y el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
«La ley de amnistía reconoce un privilegio a unos ciudadanos por el solo hecho de haber llevado a cabo las conductas generadoras de esta responsabilidad en una comunidad autónoma determinada», Para la comunidad, se trata de un privilegio del cual no pueden disponer ni pueden aspirar el resto de ciudadanos españoles ni los residentes en Baleares.
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