Investigado

El exdirector general de la Conselleria d’Industria, Antoni Morro, era uno de los imputados. | R.L.

Víctor MalagónPalma11/09/24 0:30
TW
1

«No se ha acreditado una manipulación de firmas ni de fechas en los documentos». El juzgado de Instrucción 1 de Palma cierra el denominado como ‘caso Varadero’ en el que estaban dos antiguos altos cargos de la Conselleria d’Industria: los exdirectores generales, Antoni Morro y la jefa de servicio, Teresa Relea. El carpetazo del juez al asunto sigue a cerca de cuatro años de investigaciones a partir de la querella presentada por una empresa de electricidad que trabajaba en el Moll Vell de Palma.

La querella inicial, que también fue archivada, sostenía que existía un trato de favor a empresas de su competencia que no eran sancionadas. Esa investigación penal se cerró cuando un documento acreditó que sí existían expedientes. Sin embargo, una segunda querella ponía en cuestión ese escrito y planteaba que había sido elaborado para cerrar la primera investigación.

Ahí se inició la causa penal que se centraba en aclarar si los investigados habían falseado el documento. La base de la sospecha inicial es que el escrito estaba firmado a mano en julio de 2020 pero no se digitalizó y tuvo firma electrónica hasta septiembre de ese mismo año.
En esa investigación, el juzgado ha llegado a llevar a cabo cinco periciales diferentes y tomado declaración a una decena de funcionarios de la Conselleria. La conclusión es que no ocurrió nada extraño y se acuerda el sobreseimiento libre.

Tras todas las periciales, el magistrado concluye que el documento se elaboró y se firmó manualmente en julio y que más tarde fue escaneado y firmado digitalmente sin que cambiara su contenido. Valora una pericial de la Policía Nacional elaborada por expertos informáticos y el análisis realizado por los responsables de seguridad informática del Govern. Admite que fue una tramitación peculiar pero excusable porque se produjo durante la pandemia en unas circunstancias complicadas en las que se estaba poniendo en marcha en sistema de firmas digitales. La decisión de sobreseimiento libre también descansa en la declaración de los funcionarios interrogados: salvo una, todos dieron la misma versión y negaron ningún tipo de presión o de intención para favorecer a unas empresas en detrimento de los denunciantes.

El juzgado también tiene en cuenta que la Sala de lo Contencioso del TSJIB ya había avalado la actuación de la Conselleria en las denuncias de la empresa que presentó la querella, el Grupo Fabkina. «Las cosas son más sencillas de lo que concluye la parte querellante y deben explicarse por la llevanza poco ortodoxa de un expediente», concluye.