A juicio Carlos Delgado

Carlos Delgado tendrá que comparecer en la Audiencia a partir del 25 de noviembre. En la imagen, el exconseller el día que tuvo que declarar como testigo en una pieza del 'caso Cursach'.

Víctor MalagónPalma26/09/24 11:29
TW
13

El exconseller de Turisme, Carlos Delgado, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 25 de noviembre. La Audiencia Provincial ha celebrado una vista para aclarar el calendario del 'caso Calanova' en la que el antiguo político afronta una petición de condena de un año y nueve meses de cárcel por parte de la Fiscalía. El Ministerio Público le acusa de amañar la privatización del puerto deportivo para beneficiar al que luego fue su socio en el despacho de abogados en el que trabaja.

La vista ha sido un mero trámite del que se ha excusado a los acusados para planificar las sesiones. El caso quedó listo para juicio hace más de tres años pero el atasco de causas que mantienen las secciones penales de la Audiencia Provincial ha provocado el retraso. Delgado y su defensa niegan cualquier tipo de irregularidad y, durante toda la tramitación, el exconseller se ha mostrado muy beligerante contra los investigadores.

La Fiscalía, la Abogacía de la Comunitat y una acusación popular sostienen que el conseller empleó su influencia para beneficiar al que luego fue su socio, Carlos Gelabert. Así, este había constituido una sociedad junto a otro de los acusados, Francisco López Hinojosa y consiguieron el contrato. Las acusaciones sostienen que se guió el procedimiento y se permitió que esa oferta incluyera mejoras que no se autorizaban de forma expresa en las bases. Más tarde, Gelabert y su socio consiguieron un amplio beneficio económico al vender su participación en la sociedad.

Además de estos tres acusados también se sentarán en el banquillo el exsecretario general de la Consellería, Joaquín Legaza y el empresario Felipe Elvira. Afrontan peticiones de prisión similares a las del exconseller, para quien también se reclama el pago de una multa de 1,1 millones de euros. La Comunitat Autónoma como acusación y eleva la petición de prisión hasta los dos años por prevaricación y tráfico de influencias.