Estos menores alojados por el momento en Esporles vienen de Formentera, donde llegaron en patera. Sin embargo, en mayo tuvieron que ser trasladados a Mallorca por falta de espacios residenciales y de atención en la Pitiusa menor y es el Consell de Formentera el que se hace cargo de estos adolescentes, con un coste de 214 euros diarios cada uno de ellos. En este sentido, los residentes, que han mantenido varias reuniones con miembros de la corporación municipal y la fundación SAMU, encargada del centro, lamentan que se haya permitido abrir esta instalación en suelo rústico sin tener licencia para ello y que se mantenga su actividad a pesar de las molestias que causa a los vecinos.
«No hay racismo ni xenofobia en esta queja, no nos importa convivir con un centro de menores, si hasta hace unos meses este mismo chalet se utilizaba para el alquiler vacacional sin licencia y soportábamos fiestas cada noche. Esa actividad también fue denunciada -recalca un portavoz vecinal-. Solo pedimos civismo, que se cumplan las normas, que el equipo responsable del centro haga su trabajo y que respeten el descanso de los residentes», agrega.
Además, apuntan que ya hay jurisprudencia sobre este tema. Recuerdan los afectados que un juez obligó al IMAS a cerrar un centro de menores de similares características en Santanyí, ubicado en suelo rústico y sin disponer de la licencia preceptiva, a petición del Ajuntament de la localidad, en diciembre de 2022.
Por su parte, el alcalde de Esporles, el ecosoberanista Josep Ferrà, argumenta que ha trasladado una de las denuncias presentadas por los vecinos a la Agència de Disciplina del Territori, ya que cuestiona que las instalaciones no tienen proyecto de actividad y están en suelo rústico. Además, recuerda que «hemos requerido la información necesaria al resto de administraciones para esclarecer cuantos menores hay, puesto que si son menos de ocho no sería necesaria ninguna autorización tal y como establece la ordenanza insular de Mallorca». A partir de aquí, el Ajuntament decidirá si debe o no intervenir.
Finalmente, los vecinos advierten que si el Consistorio esporlerí no toma la determinación de cerrar el centro, tal y como le obliga la ley, no les quedará otro remedio que actuar con todos los medios legales a su alcance. La polémica está servida.
