De este modo, María de los Ángeles Sánchez, fiscal adscrita a la Fiscalía General del Estado; Julián Prieto, subdirector general de Promoción y Autorización de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); Miguel Ángel López, inspector jefe del grupo de delincuencia económica y delitos tecnológicos de la Policía Nacional; Francisco Javier Fernández, inspector del área de ciberdelincuencia del cuerpo nacional; y Manuel Robles y Abigail Francisca Igarza, teniente coronel y sargento de la Guardia Civil, respectivamente, expusieron cómo se aborda este tipo de delitos desde sus respectivas áreas.
En la Policía Nacional, por ejemplo, la mayoría de denuncias de pornografía infantil llegan del organismo estadounidense NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children). «Si la IP es española, nos avisan, se pide una orden judicial y se hace una entrada de registro para requisar el material pornográfico. Al año, hacemos en Mallorca unas 20 y 25 entradas de registro por este delito», explicó López. «No hay un perfil fijo, pero siempre son hombres. Nunca se esperan que la policía llegue con una orden para entrar en su casa», añadió.
Por su parte, Robles expuso que desde la Guardia Civil se atajan estos delitos desde tres niveles: comarcal, Ciutat y central. Dependiendo de la complejidad del caso se utilizan más o menos herramientas o se recurre a ayuda externa y cooperación internacional. La fiscal Sánchez, especializada en delitos de trata, centró su intervención en cómo paliar el problema: «Hay que incentivar las investigaciones proactivas y no esperar a la denuncia para actuar. Así nos podremos anticipar y reunir pruebas periféricas que nos permitan llegar a las víctimas», aseguró. «Los fiscales tenemos que exprimir al máximo las herramientas que nos da la ley para abordar delitos sexuales a través de la red y no revictimizar a las víctimas», añadió.
Por otro lado, Prieto habló de los sistemas de verificación de edad que se están desarrollando para limitar «eficazmente» el acceso de los menores a la pornografía. «El año pasado la agencia presentó un decálogo de requisitos para los sistemas de edad respetuosos con el resto de derechos individuales. Se hicieron pruebas de concepto con tres navegadores y dio muy buenos resultados», indicó. «No es la vía, pero es un elemento más. Hay que explorar otras medidas para cerrar la prestación de estos servicios».
También habló de el canal de quejas que tiene la AEPD habilitada para denunciar contenidos que atentan contra la protección de datos: «El 70% de las quejas que recibimos son de violencia sexual contra las mujeres», apuntó. «Al abrirlo pensamos que moriríamos de éxito, pero la realidad es que las víctimas no se reconocen como víctimas, ya que la violencia se está normalizando». Por último, explicó que los últimos convenios que han firmado con empresas como X o Meta les permite ahora analizar e intervenir contenidos que atentan contra el derecho a la imagen, haciendo que dejen de circular por las redes sociales en una media de 72 horas.
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