Las empresas emprenden medidas legales contra la devolución de las ayudas por la COVID

El Govern reclama actualmente cerca de 21 millones de euros en concepto de ayudas que no fueron debidamente justificadas durante la fase más complicada de la crisis sanitaria desatada por la COVID. Esta cantidad incluye además intereses de demora generados durante todo este tiempo, los cuales ascienden a un global de 1,8 millones de euros, según confirmó la Conselleria d’Empresa que dirige Alejandro Sáenz de San Pedro.

La suma total de las ayudas concedidas por el Ejecutivo de Francina Armengol ascendía a 865 millones de euros. Fue bajo la dirección del predecesor de San Pedro, el por entonces conseller de Treball, Iago Negueruela, que el Govern inició los requerimientos para la devolución de las ayudas que, en opinión de sus técnicos, no habían sido debidamente justificadas en tiempo y forma.

Desde el Colegio de Auditores se ha estado haciendo lo posible por acercar posturas con la Conselleria, tanto mientras estaba en manos del PSIB como ahora con el PP, pero todos los intentos han sido infructuosos. La decepción entre los auditores ha sido mayúscula, puesto que confiaban en que la nueva administración fuera más receptiva a sus reivindicaciones. Por parte de la delegación balear del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) se ha mantenido siempre que la justificación de las ayudas que los empresarios realizaron se ajustaba fielmente a los criterios marcados desde el Govern en su momento. Fue a posteriori, ya en 2023, cuando estos criterios se cambiaron, desatando con ella la oleada de reclamaciones a unos empresarios que habían cumplido en todo momento con las reglas fijadas desde la propia Administración pública. Un caso de esquizofrenia administrativa que ha descolocado por completo a los auditores y que están desesperando a los empresarios.

La indignación de los auditores es doble, puesto que, denuncian, se les ha deslegitimado al invalidar el trabajo de asesoramiento y de presentación de las cuentas que habían realizado para sus clientes, los propios empresarios. «No vemos voluntad política para cambiarlo», señala el presidente de ICJCE, Julio Capilla, quien señala que el Govern actual se escuda en que se han encontrado con unas reclamaciones ya iniciadas por el anterior equipo.

En ese sentido, Capilla remarca que desde el colectivo de los auditores se ha intentado ayudar en todo lo posible para mediar entre empresarios y Govern, por lo que poco más pueden hacer a partir de ahí. En todo caso, recalca que consideran absolutamente razonable que los empresarios esté optando por acudir a los tribunales para defenderse de lo que ven como una injusticia a todas luces.

Cinco cambios

Desde el colectivo de los auditores se critica que la concesión de las ayudas estuvo envuelta ya en su momento por una nebulosa normativa que dificultó hasta el extremo las labores para su justificación. Concretamente, recuerdan que la normativa que regulaba las subvenciones se publicó «en un contexto y un entorno socioeconómico complejísimo» y llegó a sufrir hasta cinco modificaciones desde su publicación inicial.

Así lo hacen constar en un escrito que dirigieron al Govern desde el ICJCE y el Registro de Economistas Auditores hace un año y que, a tenor de la evolución de los acontecimientos, cayó en saco roto. En el escrito mostraban su «asombro» y su «absoluta oposición» a una manera de actuar que «fiscaliza» unas ayudas «cuyo objetivo era reparar el efecto devastador de la pandemia en el tejido económico de nuestra comunidad».