El endurecimiento de las campañas de inspección ha ido acompañado de un incremento de las multas. La sanción que propone actualmente el Consell para quien realiza alquiler ilegal es de 80.000 euros por inmueble detectado.

Turistas arrastrando sus maletas por Palma. | Jaume Morey - J. MOREY

Enrique Fueris03/11/24 4:00
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Baleares continúa engrosando la batería de recursos económicos, tecnológicos y humanos en la lucha contra la oferta ilegal en el sector del alquiler turístico. A medida que la persecución se afina y las sanciones aumentan, también van aflorando ramificaciones de lo que los inspectores identifican como tramas mafiosas. Se trata de verdaderas organizaciones criminales que han encontrado un nicho muy lucrativo en el alquiler vacacional; ya han sido detectadas en otras comunidades autónomas y ya no hay dudas sobre su creciente implantación en el Archipiélago.

Así lo confirman las investigaciones de los inspectores del Consell de Mallorca, que atribuyen a tramas mafiosas la gestión de tres edificios plurifamiliares de Palma que han sido sancionados con casi 2,5 millones de euros este verano. En el primero de esos casos, anunciado a mediados de agosto, se impuso una multa de 960.000 euros en total, 80.000 euros para cada una de las 12 viviendas del edificio. En el segundo caso, un mes después, fueron dos los edificios sancionados, de diez y siete inmuebles respectivamente. Idéntica cuantía de sanción para cada uno de ellos (80.000 euros) para alcanzar un total de 1,36 millones de euros de multa.

Nuevas multas en camino

Con toda probabilidad, no serán los últimos plurifamiliares sancionados este año. El departamento de Turisme de la institución insular tiene algunos edificios más de similares características bajo la mira, por lo que su intervención podría ser inminente. El perfil es básicamente el mismo: redes que alquilan viviendas que luego subarriendan sin el conocimiento del propietario.

El perfil de los entramados detrás de esta actividad es también básicamente el mismo, con «gente tanto de aquí como de otros países». Así lo explica el conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, quien recalca que el marco legislativo y la naturaleza sumamente escurridiza de los infractores obliga a ser especialmente escrupuloso en la recopilación previa de toda la información. «Tenemos una legislación muy garantista, además de una normativa confusa, profusa y difusa», señala el conseller insular para subrayar que las mafias se aprovechan precisamente de estas lagunas para campar a sus anchas y seguir operando incluso después de haber sido detectas y multadas.

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Así, Rodríguez las describe como «mafias con estructuras perfectamente organizadas» que se esconden bajo el paraguas de un puñado de sociedades distintas que mueven los ingresos de su actividad entre ellas. «Se alquilan las viviendas entre ellas, desvían el dinero de una sociedad a otra... Todo eso dificulta mucho el seguimiento de los investigadores», señala el conseller para recalcar que «aprovechan cualquier rendija: conocen bien el sistema legal y saben de la lentitud de la Administración». Aunque se está trabajando pare perfeccionar los mecanismos de control, Rodríguez reconoce que «estamos a una distancia considerable de erradicar estas prácticas».

Por otro lado, se desconoce por el momento si estas redes podrían tener conexiones con las ya identificadas en Cataluña, aunque esa es una posibilidad que no se descarta. El Ayuntamiento de Barcelona tiene identificados desde hace un tiempo hasta a diez grupos mafiosos dedicados al alquiler ilegal de pisos turísticos y que tienen similares modus operandi como los observados en las Islas. Se cree que esos diez grupos continúan operando en la Ciudad Condal a día de hoy, aunque la cifra de tramas diferentes identificadas en los últimos años llegaría a rondar la cuarentena.

Los nuevos desafíos que bajo sus múltiples formas representa el alquiler turístico ilegal, obligan a la Administración balear a incrementar los presupuestos dedicados a combatir esta lacra. Sin ir más lejos, el Govern anunció la pasada semana que una parte del dinero recaudado con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) se destinará a tal fin, medida con la que se dará, por tanto, respuesta a las reivindicaciones de los conselles insulares en ese sentido, que son quienes tienen transferidas las competencias en materia turística.

Estimaciones hoteleras

Desde el sector hotelero se barrunta un porcentaje cercano al 50 % del total para cuantificar el volumen de la oferta de alquiler turístico existente en Baleares que opera al margen de la legalidad. Con todo, se reconoce que se trata de una estimación aproximada y muy difícil de afinar, aunque relativamente factible a través del cruce de los datos de llegadas turísticas y las pernoctaciones en alojamientos reglados. En todo caso, se cree que la oferta ilegal no alcanzaría el 90 % del volumen total de plazas del alquiler vacacional, un porcentaje que apuntó meses atrás la anterior consellera d’Habitatge, Marta Vidal, lo que situaría en unos 235.000 los pisos alquilados a turistas de manera clandestina. Si bien desde el sector hotelero se considera esa estimación algo desmedida, sí que se coincide con parte del diagnóstico ofrecido entonces, especialmente en lo relativo a las dificultades para la vigilancia de una actividad que se ha descontrolado en los últimos años.