Prohens recupera una ley de Cañellas para que las obras ilegales en rústico vuelvan a prescribir

Esta norma, vigente desde los primeros años de la autonomía, se modificó en 2016 en el primer Govern de Francina Armengol. Desde esa fecha, las infracciones urbanísticas no prescriben nunca: desde el momento en que se detecta que una obra es ilegal, la administración puede actuar contra al infractor y ordenar la demolición.

Lo podía hacer de por vida, pero a partir de la semana que viene las ilegalidades en suelo rústico común prescribirán a los ocho años y ya no se podrá ordenar la demolición. Esta es una de las modificaciones que se han incorporado al decreto de simplificación urbanística a través de las enmiendas transaccionadas por PP y Vox.

La norma se someterá a votación la semana que viene. El vicepresident del Govern, Antoni Costa aseguró ayer que trabajan en modificaciones «minimizar riesgos» pero «no prohibir siempre». «Ustedes permitieron urbanizar instalaciones agrícolas y viviendas en zonas inundables y permitieron construir servicios públicos como escuelas, centros de salud o residencias», reprochó a la oposición. Costa señaló que trabajan en la delimitación de nuevas zonas inundables porque las áreas de prevención de riesgo son «brocha gorda». «Están instalados en el prohibicionismo y en el intervencionismo», dijo.

Esas modificaciones en la delimitación de las áreas de riego no gustaron a la oposición. «Nos preocupa ese anuncio de revisión de áreas de riesgo porque ha aplaudido el discurso negacionista de Vox», dijo el socialista Marc Pons, que teme una reducción de estas áreas. Afirmó que la ley no está pensada para simplificar trámites. «Es una coartada para justificar una desregulación urbanística. Están engañando a la ciudadanía porque solo persigue beneficiar a los de siempre o a los que tienen intereses», añadió.

«Este decreto es una barra libre a la depredación del territorio», opinó la diputada de Més Maria Ramon. Reconoció que en Balears puede haber regulaciones excesivas, pero precisó que existen porque «hubo épocas en las que se robaba a mansalva».    Señaló que la norma favorece la especulación e impulsa un urbanismo a la carta. «No se pone límites y se establece una amnistía de todo lo que se hizo de manera ilegal», lamentó.

La diputada de Podemos Cristina Gómez lamentó el discurso victimista del vicepresident con respecto a los propietarios de las viviendas ilegales. «Esas casas ilegales no tendrían que estar allí», dijo. También se preguntó por qué muchas de las medidas afectan precisamente a Campos, la localidad de la presidenta.

Sergio Rodríguez, diputado de Vox, pidió al PP que no dé marcha atrás en sus intenciones iniciales con la norma. «Es mejor no legislar en caliente», dijo. Aseguró que las tormentas no son ni más frecuentes ni más intensas y dijo que las catástrofes no aumentan porque las tormentas cada vez son peores, sino por el aumento de la población, lo que causa más muertes.

El Fòrum de la Societat Civil pide a Marga Prohens que cambie el decreto de simplificación urbanística y no permita que se legalicen las casas en suelo rústico, muchas de ellas «grandes chalets con piscinas e incluso con instalaciones deportivas» construidas ilegalmente. Algunas de ellas tienen licencia de uso turístico y otras están construidas en zonas inundables. «La legalización es una falta de respeto y consideración a la memoria de los 13 muertos que causaron las inundaciones de Sant Llorenç y los más de 220 de Valencia». Cree que este decreto «pone en peligro vidas humanas» y consideran que esto la convierte en una norma posiblemente inconstitucional. Añade que las medidas que incorpora la norma suponen un paso atrás en la transición a una modelo más adaptado al cambio climático. Piden al Govern que reflexione sobre este asunto.