La legalización de viviendas en rústico será automática si el ayuntamiento no contesta

Hasta ahora, si los ayuntamientos no daban respuesta a la petición de licencia de los particulares, operaba el silencio administrativo negativo. Es decir, se entendía que la licencia quedaba denegada. A partir del martes, fecha en la que muy probablemente se apruebe la ley en el Parlament, el silencio administrativo será positivo y la licencia se entenderá concedida de manera automática aunque no haya respuesta municipal.

Eliminar trabas

El propósito de esta modificación agilizar todos los trámites urbanísticos, pero afectará de manera sustancial a la legalización, que es una competencia municipal. PP y Vox pretenden eliminar trabas y facilitar que todos los procesos urbanísticos –la legalización también– sean más rápida. Para ello, los dos partidos han pactado una enmienda que facilita este cambio.

El texto que se debatirá el martes en el Parlament incluye otro cambio de enorme importancia: el hecho de que las obras ilegales en suelo rústico común prescribirán a los ocho años de su realización por lo que la Administración se quedará sin la posibilidad de ordenar la demolición de la obra. Pero no es este el único cambio incorporado en esta materia. Desde la entrada en vigor de la ley ya no será necesario demostrar de forma fehaciente que han pasado ocho años desde que se hicieron las obras. A partir de este momento, bastará con presentar «una prueba admitida en derecho de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil», según detalla el texto. Eso significa que bastará con la declaración de un testigo que asegure que las obras llevan construidas ocho años para que se considera una prueba. En estos momentos debe presentarse una prueba fehaciente.

Se amplía la legalización

Una de las consecuencias de que las ilegalidades urbanísticas no prescriban en suelo rústico es que se amplía el número de viviendas que podrán acogerse al periodo extraordinario para legalizarse. El Govern da un periodo transitorio de tres años para que los interesados pongan en orden urbanístico sus viviendas. Eso significa que podrán acogerse a ella las que en los próximos tres años cumplan esos ocho años desde que acabaron las obras ilegales.

El Govern defiende este proceso y también el hecho de que las obras en suelo rústico común vuelvan a prescribir. «No tiene sentido que un homicidio prescriba y la construcción en suelo rústico común no lo haga», afirman desde el Ejecutivo. En el PP insisten que el proceso de legalización es un compromiso de Marga Prohens recogido en el programa electoral. «No engañamos a nadie; cumplimos», dijo el vicepresident Antoni Costa en el pleno.

El apunte

Amnistía ágil

Víctor Malagón

Entre la realidad y el deber ser, el Govern se decanta por lo primero. Lo ideal sería que no hubiera viviendas ilegales y que, de haberlas, la administración tuviera herramientas para combatirlas a corto o largo plazo. La realidad es que están ahí y los medios son limitados. Así, la nueva normativa se rinde a ese hecho y facilita que lo que está esté bien. Además que sea ágil el proceso, por si alguna traba municipal se quisiera poner. Así hasta la próxima amnistía.