La fiscal mantiene la petición de dos años de prisión por un delito contra la salud pública y la reclamación de una indemnización de 120.000 euros a la Comunidad Autónoma, que también ejerce acusación, por los gastos de la destrucción de los miles de kilos de carne inmovilizados a raíz de un operativo policial en marzo de 2018.
«Había un claro riesgo para la salud y un peligro para los consumidores», ha concluido la representante de la acusación pública.
En su informe final, la representante del Ministerio Público ha considerado que a lo largo de la vista oral, que ha transcurrido durante toda la semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, han quedado demostradas las prácticas irregulares que se llevaron a cabo de manera continuada. «En esta empresa se aprovechaba todo, lo malo también se servía», ha señalado recordando la declaración de uno de los testigos.
La fiscal ha hecho hincapié en que a pesar de las advertencias de las inspecciones anteriores al operativo policial que desembocó en el precintado de la sociedad, ubicada en Marratxí (Mallorca), el procesado seguía congelando y descongelando la carne con métodos considerados como de riesgo y, además, cometiendo irregularidades en el etiquetado.
A la luz de las testificales, la representante del Ministerio Público también se ha referido a anteriores inspecciones «light», derivadas de la relación de amistad del acusado con los encargados de la inspección.
La letrada de la Comunidad Autónoma, por su parte, se ha detenido en la declaración de un inspector, que había sido suspendido por la CAIB y que, según todos los testigos, mantenía una relación de amistad con el empresario. «Su testimonio está a la altura de la temperatura del agua que empleaban para descongelar. ¿Qué vería allí para que incluso teniendo la relación que tenían le prohibiera descongelar?», ha afirmado.
«Todos han declarado que no se podía entrar en aquella nave y no creer que era la cámara de los horrores. Este inspector no puede decir que aquello estaba como una patena», ha añadido.
La letrada de la CAIB ha concluido señalando que a la luz de lo que ha quedado constatado durante la vista «alguien puede caer en los brazos del vegetarianismo». La representante legal ha defendido la personación de la Comunidad Autónoma porque el acusado «puso en peligro la salud de la población».
La abogada de la acusación popular, que ejerce la Asociación de Empresas de Distribución, ha hecho hincapié en que durante el juicio se ha constatado que la empresa conocía cuándo se iban a hacer inspecciones para poner a punto las instalaciones.
Prácticas respaldadas por la inspección
La defensa del procesado, que ejerce el letrado Antoni Montserrat, ha reclamado la libre absolución del administrador resaltando que las prácticas supuestamente de riesgo estaban avaladas «por un inspector de sanidad en activo». «No se ha probado que se tomaran decisiones a sabiendas de estar poniendo en peligro la salud de los consumidores. No había consciencia de estar incumpliendo la normativa», ha argumentado el abogado.
Según el letrado, ha quedado constatado que el administrador de Cárnicas Vicente actuaba desde la creencia de estar respetando la normativa. «¿Cómo va a ser autor de un delito cuando su método está validado», se ha preguntado.
El letrado ha rechazado las acusaciones de complicidad respecto a uno de los inspectores que, ha añadido, desmintió las posibles relaciones personales con el encausado que, además, había llegado a proponer alguna sanción. «No tenían relación y mucho menos después de haberle sancionado», ha indicado.
El letrado ha lamentado que haya tratado de «desmerecer» por parte de las acusaciones el criterio de este inspector por una supuesta denuncia contra él que corresponde, en todo caso, a años después de los hechos. «Se ha perjudicado muy mucho a mi cliente en lo personal, en la salud y en lo económico por lo que un inspector ha dicho diferente a lo dicho por otro», ha afirmado.
Para la defensa del empresario, durante el juicio han quedado patentes las constantes contradicciones entre inspectores y que, a su parecer, evidencian la inseguridad sobre la administración a la hora de concretar una supuesta conducta irregular sobre una materia puramente administrativa.
La defensa del acusado también se ha referido a la inexistencia de denuncias sobre intoxicaciones en relación a su producto y sólo «algunas sospechas o rumores».
El informe de la defensa ha insistido en la ausencia del dolo por parte de su patrocinado, demostrada por el hecho de que había hecho una gran inversión en la compra y posterior traslado de género a unas nuevas instalaciones.
Sobre las declaraciones de empleados que aseguraban el mal olor y la suciedad de las instalaciones, el letrado ha llamado la atención sobre el hecho de que todos eran extrabajadores «molestos» sobre cuestiones ajenas al procedimiento como las horas extras. «Si aquello era la cámara de los horrores, ¿por qué nadie lo cerró antes»?, se ha preguntado. El administrador de Cárnicas Vicente está acusado de distribuir entre 2013 y 2018 productos cárnicos con problemas de trazabilidad y etiquetado. A raíz de un operativo policial, la Conselleria de Salud suspendió la actividad de la empresa y se inmovilizó el género antes de ser destruido.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.