Reforma

Imagen del puerto de Calanova con la reforma ya aplicada y la inclusión de amarres para embarcaciones de más de 20 metros de esolra. | R.L.

Víctor MalagónPalma02/12/24 16:31
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La empresa que se hizo con el puerto de Calanova debió de haber sido expulsada del concurso por incumplir las bases. La representante de la intervención de la comunitat que intervino en el proceso de adjudicación explicó ayer en el juicio que Port Olímpic incumplía las condiciones porque no respetó el cuadro de amarres al que sí se ciñeron las otras seis empresas aspirantes. Toda la sesión del juicio abordó esta misma irregularidad con distintos testigos. Uno de ellos, jefe de servicio de Ports de Balears, estima que gracias a incluir amarres de hasta 25 metros, la empresa pudo inflar su cálculo de ingresos hasta un veinte por ciento, de forma que el canon que ofreció fue mucho más elevado que el resto de las aspirantes que se habían ceñido de forma estricta a las bases. «Contaron con unos ingresos con los que no tenían que haber contado y gracias a eso pueden establecer un canon más alto». Ese precio fue el que decantó el resultado de la adjudicación por la que se acusa al entonces conseller, Carlos Delgado de un delito de prevaricación y tráfico de influencias.

Además de plantear la exclusión en una de las mesas de adjudicación, la interventora explicó que no vieron las respuestas de la administración a los licitantes en ese órgano. «Entonces no hubiera hecho las gestiones que hice, hubiera estado claro de inicio». En ese momento, la funcionaria pidió tiempo para analizar la situación y decidir el sentido de su voto. Fue un ingeniero de Ports quien alertó de esa situación. En el juicio este empleado público contó lo ocurrido en el consejo: «Mi sorpresa fue que solo yo lo veía». El resto de miembros de la mesa, salvo estos dos provenían de la conselleria, con dependencia directa de Delgado o del secretario general, el también acusado, Joaquín Legaza.

El jefe de servicio de Ports hizo un informe posterior en el que advertía de una posible nulidad de la adjudicación. «Mi objetivo era que me contestaran por escrito», dijo porque sospechaba que el contrato podía ser anulado por los tribunales por esa irregularidad de base. Ese informe provocó una «reacción desproporcionada», dijo.