La diputada de Vox Manuela Cañadas se dirige a Marga Prohens en el Parlament.

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Los letrados del Parlament concluyen que no hay incongruencias ni discrepancias jurídicas significativas en el decreto de simplificación administrativa después de que se incorporaran las 34 enmiendas de Vox que votó el PP por error. Los letrados hacen un certificado después de la aprobación de cada ley para determinar si todo lo aprobado tiene coherencia de forma que no haya artículos que se puedan contradecir unos con otros. En el caso de la ley, no se ha detectado ninguna discrepancia.

La conscuencia es que, si el Govern quiere revertir lo aprobado por error, no tendrá más que remedio que aprobar un decreto ley de modificación de manera inmediata para que entre en vigor el mismo día en que el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publique la ley aprobada por el Parlament. Las leyes entran en vigor tras su publicación en el BOIB por lo que ese mismo día entrará en vigor la ley aprobada debido a los errores del PP y su derogación automática a través de un decreto.

Ese decreto que da marcha atrás a los acuerdos adoptados por error deberá ser ratificado después por el Parlament balear en el plazo máximo de 30 días. El PP no podrá contar con el apoyo de Vox para sacar adelante el texto y el Govern ya ha confirmado que abrirá conversaciones con el resto de formaciones políticas para aprobar el decreto pero únicamente para cambiar las 34 enmiendas que se votaron por error, sin ningún otro añadido. El dictamen de los letrados cierra la puerta a que el texto vuelva a una comisión parlamentaria para subsanar las posibles incongruencias ya que el informe dice que no las hay.

El Govern deberá aprobar otro decreto para modificar el contenido de la ley en lo que se refiere a la posibilidad de permitir nuevas construcciones en áreas inundables. Ha asegurado que su contenido será el mismo que se planteó en su día a los partidos de la oposición a través de transacciones.