En un comunicado este viernes, las asociaciones han subrayado que aunque las propuestas tengan "intenciones positivas", su aplicación "sin ajustes amenaza la sostenibilidad de los pequeños comercios".
Entre los motivos que se alegan, destacan que el sector comercial es diverso, abarcando grandes empresas, pymes y microcomercios. Estas últimas, según remarcan, enfrentan situaciones particulares, como márgenes de rentabilidad estrechos, estacionalidad marcada, y las "presiones" derivadas de la digitalización y el aumento de costes.
Las medidas propuestas en el proyecto de ley suponen, a su parecer, un impacto "desproporcionado" sobre estos pequeños negocios, limitando su capacidad de adaptarse sin perjudicar su viabilidad económica.
En relación con la reducción de la jornada laboral, aseguran que resulta "inviable" para pequeños y microcomercios, donde las plantillas suelen ser reducidas. Esta medida obliga a los propietarios a asumir jornadas extendidas o a realizar contrataciones adicionales, lo que incrementa significativamente los costes operativos, agregan.
"Desde las patronales proponemos un escalonamiento modulado según el tamaño empresarial, permitiendo a microempresas un mayor periodo de adaptación y excepciones temporales para sectores con alta estacionalidad o que dependan de horarios extendidos, como el comercio de proximidad", ha dicho la presidenta de Afedeco, Joana Manresa.
Respecto a la desconexión digital, consideran que su aplicación "estricta" puede comprometer el funcionamiento de pequeños comercios, donde propietarios y empleados asumen múltiples roles, incluyendo atención a clientes y resolución de incidencias fuera del horario laboral.
Por ello, proponen flexibilizar la norma para funciones críticas o urgentes en microempresas y ofrecer compensaciones económicas o descansos adicionales a trabajadores que deban atender estas situaciones.
En cuanto a la implementación de sistemas digitales de registro, las asociaciones advierten que supone un problema económico para microcomercios con recursos limitados. Además, consideran excesivas las sanciones y solicitan un régimen simplificado para pequeños comercios.
Con todo, concluyen que las propuestas planteadas "no buscan frenar el progreso en derechos laborales, sino adaptarlos a la realidad operativa de un sector clave para la economía local, protegiendo la sostenibilidad y competitividad de los pequeños comercios".
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