Maria Antònia Oliver, a la derecha, durante la concentración de este martes frente al Parlament. | Jaume Morey

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Alegría contenida, enfado y desconfianza. Son las tres palabras que definen como viven las familias de los desaparecidos de la Guerra Civil y el Franquismo el rifirrafe que mantienen el PP y Vox a cuenta de la derogación (o no) de la ley autonómica de Memòria coincidiendo con la conmemoración este 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Este martes estaba prevista la derogación en el Parlament de la Llei de Memòria democrática en cumplimiento de los acuerdos de investidura firmados entre el PP y Vox que permitieron a Marga Prohens acceder a la presidencia del Govern. Este punto del orden del día ha quedado finalmente sobre la mesa tras cerrar el PP un acuerdo con la izquierda que se compromete a cambio a no votar en contra de la recuperación del texto original del decreto de simplificación administrativa con el que los ‘populares’ facilitan una suerte de amnistía urbanística en suelo rústico.

«Si no derogan la ley, que todavía no lo tenemos claro, porque aplazan el debate a la semana próxima, será una victoria de la sociedad civil. No nos terminamos de fiar y si algo tenemos claro es que la memoria histórica es una cuestión de derechos humanos que nunca se debería utilizar como moneda de cambio», dice la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver. La de Oliver es una de las muchas familias que aún hoy siguen buscando a sus desaparecidos.

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«Hoy es Día Internacional de los Derechos Humanos. Qué vergüenza utilizar la memoria como moneda de cambio. Juegan con nosotros constantemente, diciéndonos que sí la van a derogar hasta el último momento y ahora resulta que no, porque el PP se ha peleado con sus socios. Todo esto no lo vamos a olvidar», reflexiona.

Temen que haya un nuevo giro de guion que haga tambalear el acuerdo alcanzado este martes 10 de diciembre. «Si finalmente la ley no se derogara habrá que insistir en que se desarrolle, porque en el año y medio que el PP lleva en el gobierno no ha hecho nada para cumplirla», denuncian las víctimas.

La atención pública psicológica a los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo está «congelada», según Maria Antònia Oliver. «La psicóloga especializada sigue atendiendo a los familiares que le derivó el anterior Govern pero el nuevo gobierno no hace nuevas derivaciones ni quiere pagarlas», concluye.