El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno que se celebra este miércoles en el Congreso. | Mariscal

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El nuevo registro de viajeros ha permitido identificar a 18.000 personas que tenían señalamientos, lo que ha facilitado «atajar actuaciones criminales y garantizar la seguridad». Así lo ha dado a conocer este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grandes Marlaska, en el Congreso de los Diputados. Además, ha defendido la nueva regulación turística, destacando su impacto positivo en la seguridad ciudadana.

Grande-Marlaska ha manifestado que esta nueva regulación «beneficia a todos los ciudadanos» y ha enfatizado que no vulnera «la intimidad ni la privacidad de ningún ciudadano», destacando el compromiso del Gobierno con una gestión equilibrada entre seguridad y derechos individuales.

Esta ha sido la respuesta del ministro a las críticas de la diputada del PP, Miriam Guardiola, argumentando que «la nueva regulación es fundamental para el sector turístico, la economía española y la seguridad». «Nos beneficia a todos para luchar efectivamente contra el terrorismo y el crimen organizado», ha subrayado el ministro.

Marlaska ha insistido en que con el registro de viajeros «hemos podido atajar actuaciones criminales y garantizar la seguridad». Además, ha resaltado que la normativa actualiza regulaciones de 1959 y 1974, adaptándose a «nuevas modalidades de negocios, viviendas de uso turístico y gestiones a través de internet» que requerían una nueva regulación que fue dictada hace más de dos años para que el conjunto del sector turístico pudiera alinearse con la nueva plataforma. «Este año vamos a batir el récord de turismo, con más de 95 millones de visitantes», ha destacado el ministro.

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El titular de Interior ha rechazado las acusaciones de convertir a España en un «Estado policial» y de tratar a los ciudadanos como «potenciales delincuentes», recordando que el país «es uno de los más seguros» del mundo. Además, ha respondido con ironía a las críticas, señalando que en cuanto a reprobaciones parlamentarias van «15 a 2, mejor que con Malta». Marlaska ha concluido su intervención reiterando que la nueva normativa turística beneficia a todos los ciudadanos, a la economía española y al turismo nacional, «que se basa en algo tan sustancial e importante como la seguridad».

El sector turístico rechaza la medida

Pese a la defensa del ministro, el sector turístico rechaza el nuevo registro de viajeros y lo llevará a los tribunales el registro de viajeros si no se reduce el número de datos a facilitar. Así lo decidieron este pasado martes en una reunión que se celebró en la CAEB, a la que han asistieron la asociación de agencias de Viajes Aviba y la Federación Empresarial de Hoteleros de Mallorca (FEHM). Los empresarios de Baleares lo harán de la mano con los del conjunto de España, ya que consideran que la medida aprobada por el Ministerior el Interior, que ya está en vigor, «es muy perjudicial para el sector turístico».

Cabe destacar que el nuevo registro de viajeros, en vigor este pasado 2 de diciembre, ya está teniendo consecuencias: algunos touroperadores están dejando de vender Baleares como destino turístico. Así lo ha confirmado el presidente de la asociación de agencias de viajes y de turoperación Aviba, Pedro Fiol. En este sentido, ha precisa que se trata de mayoristas pequeños, aunque resalta su impacto por el tipo de clientes con el que trabajan. Además, ha recriminado que tienen que dedicar mucho más tiempo a cada reserva.

Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) también han expresado su disconformidad con el nuevo registro de viajeros, ya que considera que «en los términos actuales, supone para nuestras empresas una inseguridad jurídica muy elevada al requerir datos que suponen una injerencia en la intimidad del cliente e implican el tratamiento de datos personales que gozan de un alto grado de protección». En este punto, han resaltado que «España es el único país de Europa con este nivel de exigencia y el Gobierno ha sido apercibido de la extralimitación y los perjuicios, no solo para el tejido empresarial que debe cumplir con el Real Decreto, sino por la intromisión en la privacidad de los usuarios y los riesgos que conlleva para los mismos en caso de posibles filtraciones de datos de las que la responsabilidad recae sobre quien los ha recogido y comunicado».