Kühn ya tuvo que pagar cuatro de los 96 millones que recibió del Govern para saldar deudas de la empresa que recibía los fondos. Ahora se le bloquean 28 a la espera de juicio.

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El juzgado de Instrucción que investiga la deuda del empresario Matthias Kühn con Hacienda ha decidido embargarle 28 millones de euros de los 96 que iba a recibir como indemnización por la desclasificación de Muleta. La cuantía ya ha quedado asegurada por el juzgado, que remitió la orden a la administración concursal de la empresa Birdie Son Vida, la titular de los derechos de urbanización y, por tanto la fianza se retuvo antes de que el grupo de sociedades del alemán retomara el control y pudiera incorporar ese dinero a su patrimonio.

Las cantidades reclamadas por el fisco a Kühn además se han visto incrementadas tras el nuevo informe de la Agencia Tributaria. Inicialmente, la recaudación de Hacienda estimaba en algo más de trece millones de euros la cantidad adeudada. Los nuevos informes elevan esa cuantía hasta los 22. A esa cifra, el juzgado ha añadido un treinta por ciento más a la hora de calcular la fianza. La decisión, que fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, ha sido recurrida por la defensa del promotor inmobiliario ante la Audiencia Provincial.

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La investigación aborda una serie de maniobras llevadas a cabo supuestamente por Kühn junto a sus hijos y un grupo de abogados y asesores para evitar pagar a Hacienda. Aunque las empresas del grupo sí presentaban sus declaraciones al fisco de forma correcta, lo que descarta un delito fiscal, las cantidades no se llegaban a abonar. Cuando la Agencia Tributaria intentaba cobrar y ejecutar embargos, se encontraba con que no había activos en las sociedades que, una tras otra fueron declaradas insolventes y cayeron en concurso de acreedores. Los activos se concentraban en unas pocas sociedades que se intentaban desvincular del grupo, se cruzaban préstamos y prestaciones de servicio entre ellas y así, los activos se fueron ocultando mientras no se cumplían obligaciones de pago. Esos 22 millones de euros corresponden únicamente a la administración central, aunque las empresas de Kühn mantienen deudas por impuestos autonómicos y municipales.

El Tribunal Supremo concedió el año pasado a Kühn una indemnización de 96 millones de euros por la pérdida de los derechos a construir en los terrenos de Muleta II del Port de Sóller. Esa cuantía fue pagada por el Govern y retenida durante un tiempo por el TSJIB mientras se resolvía el concurso de acreedores de la sociedad que tenía los derechos: Birdie Son Vida. El juzgado de lo Mercantil rechazó la petición de acumular todos los concursos ante el distinto estado de cada una de las empresas. De esta forma, los fondos fueron transferidos a Birdie Son Vida y se acudió a la vía penal para asegurar una cuantía para solventar esa deuda.

La instrucción judicial de la causa por alzamiento de bienes está aún en una fase inicial. Tras el registro de la vivienda de Kühn en marzo, la investigación se ha retrasado después de que la petición para imputar al abogado Jorge Sainz de Baranda provocara la abstención de la magistrada y su sustitución por otra instructora.

La investigación solo aborda las deudas con la administración central

La investigación por alzamiento de bienes solo afecta por ahora a las deudas de Kühn con la Agencia Tributaria estatal. La administración autonómica intentó congelar en el procedimiento mercantil el pago de los 96 millones de euros de Multa para poder resarcirse de las deudas que mantiene el empresario con ella. De los 96 millones iniciales de Muleta, el empresario ha tenido que dejarse alrededor de cuatro en las deudas reconocidas de Birdie Son Vida. De los 92 restantes, otros 28 quedan ahora trabados en el juzgado de Instrucción a la espera de que se resuelva la investigación penal. El resto forman parte ya del patrimonio de la empresa y pasan al control del promotor.