Una enfermera aplica una inyección a una paciente | Efe

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Govern y sindicatos han acercado posturas este jueves en una reunión para acordar el pago de los más de 170 millones que el ejecutivo adeuda a unos 50.000 funcionarios de Baleares tras no aplicar la subida retributiva establecida por el Estado en plena pandemia (2020 y 2021), por un total del 2,9%. Tras el encuentro de este jueves, el acuerdo está en revisión jurídica y pendiente del calendario definitivo.

El acuerdo se resiste pese a que ambas partes coinciden en el qué y el cuánto, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) sentenció en contra de la congelación salarial de facto aprobada por el anterior Govern del Pacte de Progrés. No obstante, difieren en el cómo y, sobre todo, en el cuándo.

Tras la sentencia, en la que el TSJB dio la razón el pasado mes de octubre a un recurso del STEI, el Govern de Marga Prohens propuso abonar las cantidades atrasadas en un plazo de cinco años, que los sindicatos consideraron excesivo. Tras diversas reuniones y a punto de acabar el plazo de tres meses del que disponía el Govern hasta finales de enero para declarar que no puede abonar de golpe los más de 170 millones, el ejecutivo ha accedido a abonar la mayor parte este año (unos 115 millones, seguramente antes del verano) y el resto a finales de año o, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, en enero de 2026, según han señalado a este diario fuentes sindicales.

Los sindicatos estiman que cada trabajador público cobrará desde los 1.194 euros de la categoría más baja de la administración a los 2.119 de los grupos más altos (A1). Dependiendo de cada categoría, a un auxiliar administrativo o similar (C2) le corresponderían 1.278 euros, a una administrativa (C1), 1.477 euros, y a una enfermera (A2), 1.918 euros, según estas estimaciones sindicales.

El Govern acepta equiparar el plus de insularidad al de Canarias, una demanda histórica del sector público de las islas, pero marca 2030 como fecha límite de su implantación mientras que los sindicatos quieren adelantarla dos años, a 2028. Ambas partes están de acuerdo en que dicho plus se eleve por igual para todas las categorías profesionales, si bien el Ejecutivo ofrece cantidades ligeramente inferiores a los 400 euros para Mallorca, 600 para Menorca e Ibiza y 800 para Formentera que proponen los sindicatos.

Las fuentes consultadas señalan a este diario que si el Govern acepta el año 2028 como fecha límite de la equiparación del plus de insularidad podrá darse prácticamente por cerrado el acuerdo. Ambas partes se han emplazado a una nueva reunión en los próximos días.