Trabajadores expertos en educación de menores marginados de Badajoz se concentran para expresar sus condolencias. | Efe - José Luis Real

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El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears y el Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears han exigido más medios públicos y han expresado su condena y profunda indignación por el asesinato de María Belén C.F., una profesional asesinada en Badajoz este lunes. La auxiliar técnico educativa (ATE), de 35 años y natural de Castuera (Badajoz), fue agredida mortalmente en una vivienda de cumplimiento judicial por parte de tres adolescentes residentes, dos chicos de 14 y 15 años y una joven de 17, quienes fueron detenidos.

En un comunicado, ambos colegios de Baleares han trasladado su más sentido pésame a los familiares y allegados de la víctima, al tiempo que han denunciado la precariedad y la falta de recursos en la atención a menores en situación de riesgo. Este grave suceso, sostienen, pone de manifiesto la desprotección en la que trabajan los profesionales del ámbito social, lo que afecta no solo a su seguridad, sino también a los derechos de los usuarios de los servicios públicos.

«Esta precariedad se agrava cuando la gestión de estos programas se deja en manos de empresas multiservicios cuyo principal objetivo es el beneficio económico», han lamentado. Los colegios han reclamado mayores dotaciones de personal, mejores condiciones salariales, equipos técnicos de apoyo adecuados y medidas de seguridad que protejan a los profesionales en el desempeño de su labor.

«Es necesario el reconocimiento y la consideración debida por parte de la administración pública a quienes se dedican a la intervención social con personas en situación de riesgo», han subrayado. Asimismo, han insistido en que las soluciones no pueden pasar por «revictimizar» a los menores, sino por reforzar los recursos que permitan su adecuada integración social. En este sentido, han solicitado una revisión urgente de la normativa sobre ratios, financiación, medidas de seguridad y apoyo psicosocial, tanto para los colectivos atendidos como para los propios profesionales, con el objetivo de garantizar entornos de trabajo dignos y seguros.

Los colegios han instado a las instituciones de Baleares a seguir mejorando los servicios sociales, especialmente aquellos destinados a la infancia y la adolescencia, tanto en el ámbito de la justicia como en el de la protección. También han exigido la actualización de las políticas de prevención y tratamiento de menores, abordando las causas que generan estas situaciones de riesgo y violencia.