La Audiencia Nacional condenó ayer a 68 años de prisión a Miguel
Brescia Guillén por el asesinato de dos ciudadanos franceses en
1986, cometido por los GAL y ordenó investigar si Rafael Vera,
Julián Sancristóbal, Luis Roldán, José Amedo y Gabriel Urralburu
están implicados en estos hechos.
La deducción de testimonio se acuerda a petición de la acusación
popular, que durante la vista pidió que se investigara, además de a
los citados, a los responsables de Interpol en Francia y en España,
a varios policías de la Comisaría de Pamplona y a los guardias
civiles del puesto fronterizo navarro de Vera de Bidasoa, por donde
supuestamente pasaron las armas con las que se cometió el atentado.
En un auto notificado junto a la sentencia, la Sección Segunda de
la Sala de lo Penal ordena remitir los testimonios deducidos al
Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional,
que instruyó el caso y afirma que esta decisión no implica «juicio
de valor alguno sobre las razones por las que se solicita» la
investigación.
El tribunal condena a Brescia por un delito de «terrorismo en
colaboración con banda armada», pero le absuelve del de pertenencia
al estimar que no se ha podido establecer que el acusado actuara
como integrante de los GAL «en el sentido legal que exige el
precepto, pues no se dan las notas de estabilidad y permanencia
necesarias».
La Sala, sin embargo, sí llega a la conclusión de que se estaba
en presencia de un grupo armado «constituido con fines terroristas
en la medida en que tenía por objetivo la eliminación física de
personas que sus organizadores consideraban afines a la
organización ETA» y añade que «el grupo se identificó con las
siglas GAL, que por acciones anteriores infundían miedo» en los
refugiados vascos.
El pasado viernes, la Sección Tercera notificó una sentencia en
la que se imponía a Ismael Miquel una pena de 45 años de cárcel por
el asesinato del francés Robert Caplanne en 1985 y se le condenaba
por pertenencia a banda armada en relación con los GAL. En esa
ocasión, la Sala afirmó que el caso «se cierra en falso» y añadió
que está por determinar si ex responsables del ministerio del
Interior estuvieron implicados en este atentado.
En la sentencia notificada hoy se considera probado que, en
febrero de 1986, Miguel Brescia y un amigo suyo fueron emplazados
por un tal «Oscar», quien «les propuso matar a un refugiado vasco»
que vivía en la localidad vascofrancesa de Bidarray, «por lo que
les pagaría siete millones de pesetas».
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