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El primer ministro de Marruecos, Abderraman Yudufi, aprovechó ayer la crisis política que viven estos días Ceuta y Melilla para reclamar la negociación de un nuevo estatuto entre España y Marruecos. Yudufi calificó de «espectáculo» la actuación de los políticos ceutíes y melillenses y declaró que «es la mejor prueba para demostrar que la situación actual de ambas ciudades no puede durar», por lo que habría que preparar a la opinión pública española para el desarrollo conjunto (entre Marruecos y España) de un nuevo estatuto.

Además, afirmó que la razón del conflicto por el poder en las dos ciudades es «impedir que un melillense de origen marroquí sea presidente de la asamblea».

La respuesta del Gobierno español fue rotunda: las ciudades autónomas son españolas y no son negociables con Marruecos. También el resto de las fuerzas políticas reaccionaron con indignación ante las declaraciones de Yusufi al igual que el Gobierno de Melilla que consideró estas declaraciones «inoportunas e inadecuadas».

Mientras, la Fiscalía de Málaga abrió ayer diligencias contra el decreto dictado por el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Mustafá Aberchán, que mantiene el escaño de la tránsfuga socialista Malika Mohamed, en contra de la resolución de la Junta Electoral Central que ratificó la concesión de la credencial de diputado a su sustituto, el socialista Rafael Hernández por si incurrió en un delito de prevaricación.

Entretanto, Malika Mohamed y el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, presentaron un recurso ante la Junta Electoral de Zona, al que se adhirió el GIL, contra los vocales que votaron a favor de la concesión de credenciales de diputados a los socialistas Javier de Pro y Rafael Hernández por «sospechas de falta de objetividad y parcialidad en su actuación».