El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el secretario general del PP, Javier Arenas, durante la primera reunión de la ejecutiva del partido tras las vacaciones.

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Mientras Gobierno y oposición siguen cruzándose acusaciones en torno al tema de las pensiones, UGT denunció ayer que actualmente el 22 por ciento de los pensionistas españoles vive en situación de pobreza y que más de cinco millones de ellos cuentan con una prestaciones inferiores a las 70.000 pesetas mensuales. Además, del total de 435.275 personas que reciben pensiones no contributivas que no alcanzan las 38.000 pesetas mensuales, un total de 221.000 son mayores de 65 años. Ante esta situación, UGT criticó la inexistencia de una política social por parte del Gobierno y se lamentó de que este tema se convierta de nuevo en argumento electoral». El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, se defendió ayer de las acusaciones vertidas por el PSOE sobre los supuestos incumplimientos del Pacto de Toledo asegurando que el Gobierno cumplirá «íntegramente» todos los puntos antes de que acabe esta legislatura.

Pimentel reiteró la oferta lanzada por Aznar, de incluir en los Presupuestos del 2.000 una serie de aportaciones presupuestarias, que irán aumentando cada año, para la creación de un fondo de reserva para las pensiones, así como el compromiso de «alcanzar el consenso con agentes sociales y grupos parlamentarios para elevar las pensiones más bajas». Pimentel negó los incumplimientos del Pacto de los que le acusa el PSOE. Resaltó que el Gobierno ha desarrollado una tarea «muy coherente en materia de pensiones» y señaló que los socialistas «no sólo no fueron capaces de crear un fondo sino que, además, dejaron las arcas de la Seguridad Social bastante vacías».

También el ministro de Economía, Rodrigo Rato, lamentó que el PSOE, «que llevó a la quiebra a la Seguridad Social» y pidió la colaboración de todos los partidos para constituir el Pacto de Toledo, quiera volver a la «vieja política de la demagogia» con las pensiones y calificó de «escandaloso» que a cuatro meses de iniciarse el periodo electoral se «prometan» cantidades a los pensionistas «que no puedan garantizarse en el futuro».