La Corte Suprema de Justicia de Chile resolvió ayer dar curso al
exhorto de un magistrado chileno para que el general Augusto
Pinochet declare en Londres en relación con una investigación
judicial sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en el
país durante su régimen militar. La segunda sala del máximo
tribunal acordó enviar a la capital británica el escrito del juez
especial Juan Guzmán Tapia, quien investiga en Chile 46 querellas
presentadas contra el senador vitalicio desde enero de 1998.
El exhorto fue enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores y
en el transcurso de esta semana deberá ser despachado al cónsul de
Chile en Londres. El diplomático chileno deberá entrevistarse con
el general en la residencia de Virginia Waters, en las afueras de
la capital británica, donde permanece desde que fue arrestado el 16
de octubre del año pasado. Guzmán Tapia envió el exhorto a la Corte
Suprema la semana pasada y el jueves pasado el fiscal del Tribunal,
Enrique Paillás, recomendó su despacho.
La carta rogatoria, que constituye el primer interrogatorio a
Pinochet por iniciativa de la justicia chilena, incluye 75
preguntas del juez Guzmán y de abogados de los querellados. El
objetivo de esta iniciativa es indagar, entre otros asuntos, la
relación del ex dictador con la Dirección Nacional de Inteligencia
(DINA), la policía secreta del régimen militar que encabezó. Guzmán
no ha informado sobre el contenido de las preguntas, pero fuentes
judiciales afirmaron que el juez pide a Pinochet que aclare su
grado de conocimiento de algunas operaciones de represión en las
que fueron asesinados o ejecutados opositores a su régimen.
Entre éstas, solicita al ex comandante en jefe del Ejército que
aclare si tuvo conocimiento de las acciones atribuidas a la
denominada «Caravana de la Muerte», un grupo militar que ejecutó a
más de 70 presos políticos en distintas ciudades del país pocos
días después del golpe de Estado de septiembre de 1973.
Cinco altos oficiales implicados en este caso han sido
procesados hasta ahora, entre ellos el general retirado Sergio
Arellano Stark, jefe de la comitiva militar y que actuaba como
delegado personal de Pinochet, según consta en el sumario.
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